En una decisión que puede marcar el rumbo del proceso judicial contra el hijo del presidente Gustavo Petro, está previsto que esta semana se lleve a cabo la audiencia preparatoria de juicio en contra de Nicolás Petro Burgos, por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. No obstante, su comparecencia presencial se encuentra en suspenso ante argumentos presentados por su defensa, en los que plantea dos obstáculos de peso: la inclusión del procesado en la llamada “lista Clinton” de Estados Unidos que habría bloqueado sus cuentas bancarias y limitado sus transacciones; y un ambiente de riesgo para su desplazamiento que le impediría asistir a la diligencia en la ciudad de Barranquilla.

Bloqueo financiero alegado

La defensa de Nicolás Petro sostiene que su reciente inclusión en la lista de sancionados del Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU., conocida popularmente como «lista Clinton», ha tenido efectos directos sobre su capacidad para operar financieramente. Como resultado, asegura que no pudo adquirir tiquetes aéreos para viajar desde Bogotá a Barranquilla, lo que le impide asistir presencialmente a la audiencia. 
Dicha situación abre una cuestión jurídica y práctica relevante: ¿hasta qué punto puede la defensa invocar una medida internacional para justificar la ausencia física del procesado? El juez del caso ya advirtió que la modalidad de comparecencia debe evaluarse con cuidado, pues tradicionalmente esta fase se realiza de forma presencial.

Alegaciones de riesgo para la seguridad

Como segundo argumento, la defensa enfatizó que existe un entorno de seguridad comprometido que imposibilita el traslado de Nicolás Petro desde Bogotá a Barranquilla. Este escenario parte de la captura de un ex escolta de la fiscal asignada al caso, vinculado presuntamente con el Clan del Golfo, lo que, según la defensa, incrementa los riesgos para su cliente.
El juez del proceso se mostró “inquieto” ante la combinación de argumentos, pues si bien estas circunstancias pueden entenderse como atenuantes, también generan un precedente sobre la flexibilidad de participación de los acusados en etapas clave como la preparatoria.

Lo que está en juego en la audiencia

Durante esta fase preparatoria de juicio, el tribunal definirá cuáles de las pruebas acumuladas por la Fiscalía y la defensa serán admitidas para el juicio oral, y cuáles quedarán excluidas. Esta decisión es fundamental: delimita el marco del debate, los hechos a probar y, por ende, las posibilidades de cada parte. 
Según datos extraoficiales, se trata de más de 800 elementos probatorios, lo que añade complejidad al análisis del despacho.

Implicaciones políticas y legales

El caso cobra relevancia no sólo por lo jurídico sino también por su fuerte carga simbólica: un hijo del presidente enfrenta cargos graves que, en caso de avanzar a juicio oral, pueden tener un impacto en la percepción de la administración y en el panorama político nacional. A su vez, la inclusión en la lista de la OFAC plantea un cruce entre la justicia doméstica colombiana y sanciones internacionales, lo que da al proceso un perfil excepcional.
Por otra parte, la modalidad de comparecencia virtual o presencial para un acusado en etapa preparatoria adquiere una dimensión de también de garantía de derechos y del debido proceso. La decisión del juez en los próximos días podría sentar un precedente para futuros casos de alto perfil.

Posibles escenarios

• Si el juez autoriza la participación virtual: Nicolás Petro podrá intervenir desde Bogotá, lo que facilitaría su logística, pero también generará cuestionamientos sobre su presencialidad física en el juicio y el derecho de la sociedad a verlo en sala.

• Si se exige su presencia física y él no asiste: La Fiscalía podría argumentar incumplimiento de una orden judicial, lo que podría derivar en medidas de aseguramiento o apelaciones.

• Si el juez valida los argumentos de bloqueo financiero y riesgo de seguridad pero establece condiciones rígidas: Podría fijar precedentes sobre cómo se aplica la lista OFAC en el país y cómo se garantizan los derechos de los acusados que se encuentran en esos listados.

La audiencia de esta semana representa un punto de inflexión para el proceso contra Nicolás Petro Burgos: no solo se analizará su capacidad de asistencia física, sino que se determinará cómo se articulan sanciones internacionales, garantías procesales y exigencias de transparencia judicial en Colombia. El tribunal no solo tiene que definir qué pruebas entran al juicio, sino también si la modalidad de comparecencia se ajusta al principio de igualdad ante la ley.