Un ministerio en transición

El 7 de agosto de 2026, la exsenadora Paola Holguín asumió como ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes del gobierno de Abelardo de la Espriella. Su nombramiento, anunciado el 17 de julio, sorprendió porque su nombre no circulaba para esa cartera; su trayectoria legislativa estuvo ligada al Centro Democrático.

Recibió un ministerio que el gobierno de Gustavo Petro había ampliado. Según el balance de gestión 2022-2026 presentado por la exministra Yannai Kadamani, ese periodo dejó más presupuesto, sistemas de financiación, protección social para artistas y el contrato laboral de la cultura (Decreto 658 de 2026). El empalme entre ambos equipos, sin embargo, fue descrito como fallido, y esa ruptura marca buena parte del debate actual.

Tres decisiones bajo la lupa

1. La suspensión de los premios de Estímulos. La Resolución 1887 del 14 de septiembre dejó sin evaluación ni ganadores las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos 2026. Afectó 1.308 postulaciones ya habilitadas: 351 a premios y 957 a reconocimientos. Las becas, pasantías y residencias no se tocaron, pues ya tenían resultados. El Ministerio adujo falta de caja, una deuda de $185.482 millones, de los cuales $75.436 millones corresponden a Estímulos y Concertación; y la prioridad de atender el terremoto del 10 de agosto. La ministra aseguró que la medida solo aplica a 2026.
2. El retiro de piezas del Museo Nacional. El 15 de octubre se conoció que al menos 30 objetos fueron desmontados de las salas “Hacer sociedad” y “Memoria y Nación”: material sobre movimientos LGBTI y feministas, afiches de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, el tarjetón de la Séptima Papeleta y el “balígrafo” del Acuerdo de Paz de 2016. Ese mismo día, el presidente ordenó retirar de espacios públicos las imágenes de Pizarro, excomandante del M-19. El guion de “Hacer sociedad” había sido revisado en 2019, bajo el gobierno de Iván Duque, por cuatro comités curatoriales.
3. El presupuesto para 2027. El proyecto del nuevo gobierno asigna $706.196 millones al Ministerio, frente a $1,001 billones aprobados para 2026. Pero el gobierno saliente ya había radicado una propuesta de $746.556 millones, un 25,4 % menos que en 2026. El ajuste atribuible a la nueva administración es de unos $40.360 millones, concentrado en el rubro que financia festivales, formación y acceso.

A esto se suma un anuncio simbólico: el 15 de octubre, el presidente dijo que la cartera cambiará de nombre para incluir las palabras cultura y patrimonio, dejando atrás la denominación “de las Culturas, las Artes y los Saberes”.

Lo que dicen quienes las respaldan

• Responsabilidad fiscal antes que promesas. Holguín sostiene que, al llegar, no existía la resolución de jurados que debía expedirse hacia el 15 de julio y que faltaban unos $900 millones para pagarlos y cerca de $9.000 millones para los premios. Seguir adelante con los premios, argumenta, habría sido sumar deudas nuevas a las viejas; por eso afirmó que era mejor “decir la verdad” al sector.
• Problemas de gestión heredados. La consultora Jimena Puyo, de la Universidad de Antioquia, señala que en 2024 el año de presupuesto récord, el sector solo ejecutó el 64,5 % de sus recursos y el 54,8 % de la inversión. Añade que la planta pasó de 312 a 635 cargos ese mismo año, lo que presiona los recursos para programas.
• La caída presupuestal no empezó ahora. El análisis de Guillermo Forero en La Silla Vacía muestra que el propio gobierno Petro redujo su propuesta de 2027 en un 25,4 %, y que la cifra de recorte del 29,5 % que circuló compara magnitudes no equiparables. El rubro de patrimonio, además, no sufrió cambios.
• Un museo sin sesgo político. Sobre el Museo Nacional, la ministra afirmó que la institución no debe ser un instrumento de “adoctrinamiento político” ni de revictimización, que debe proteger a los niños de material sensible y que la curaduría está en revisión. Para el Gobierno, exhibir a excombatientes como figuras históricas equivale a hacer apología del terrorismo.

Lo que dicen quienes las cuestionan

• Un precedente sin antecedentes. Kadamani advirtió que es la primera vez en 27 años que el Ministerio no designa ganadores en esas modalidades. Para cientos de artistas, la decisión llegó cuando esperaban resultados. Hubo plantones frente a la sede del Ministerio para exigir los desembolsos y un diálogo con la ministra y algunos postulantes acudieron a la tutela.
• La versión de la deuda está en disputa. El expresidente Petro calificó de falsa la explicación de Holguín y llamó a sus exministros a encabezar un movimiento por la cultura. Kadamani también rebatió el argumento. Como precisa el periódico Publimetro, atribuir el rezago al gobierno anterior es la posición del Ministerio, no una conclusión independiente.
• El recorte que sí es de este gobierno. El mismo análisis de La Silla Vacía subraya que los $40.000 millones retirados del programa de promoción y acceso, 13,1 % menos, afectan lo que llega directamente a los territorios, justo cuando el Gobierno prometió una “batalla cultural.”
• Autonomía de los museos y memoria. Seis instituciones, entre ellas el Museo de Arte Moderno de Bogotá, pidieron garantizar la autonomía museal: “Ningún gobierno debería decidir qué se nos permite ver de nuestra historia”. Trabajadores del museo señalaron que cambiar la museografía corresponde a instancias curatoriales, asimismo la senadora Jennifer Pedraza citó a la ministra a debate de control político.

Preguntas que quedan abiertas

Los hechos admiten lecturas distintas, y varias cifras siguen en disputa entre dos gobiernos que no lograron un empalme. Antes de tomar postura, vale la pena preguntarse:

• ¿Es más responsable suspender una convocatoria sin recursos o cumplir el cronograma aunque aumente la deuda?
• ¿Quién debe responder por un rezago que se gestó en una administración y estalló en la siguiente?
• ¿Dónde termina la revisión legítima de un guión museográfico y dónde empieza la censura? ¿Quién debería decidirlo?
• ¿Un presupuesto récord sirve si no se ejecuta? ¿Y una promesa de “batalla cultural” sirve si se recortan los programas de acceso?

Como recuerda Jimena Puyo, los derechos culturales son derechos humanos y obligan al Estado. La forma de garantizarlos, con qué dinero, qué memoria y qué relato de nación, es la discusión que hoy tiene el país.