Por qué necesitamos cambiar la contratación pública
Colombia enfrenta una de sus mayores batallas: la lucha contra la corrupción en la contratación estatal. Se estima que más de 50 billones de pesos se pierden cada año por irregularidades en contratos, afectando de forma directa la vida de millones de colombianos. Esta crisis se refleja en los llamados “elefantes blancos”: obras inconclusas, abandonadas o inútiles que representan el despilfarro de los recursos públicos.
¿Qué es un elefante blanco?
Cualquier obra o proyecto que:
- Queda incompleto o fuera de servicio.
- Tiene más costos que beneficios.
- Se desvía de su objetivo original.
- No genera valor social o económico.
- Es un riesgo por estar abandonado.
Solo en 2023, la Contraloría General identificó 1.753 obras inconclusas con un valor de 15,2 billones de pesos. Desde 1991, colegios sin estudiantes, hospitales abandonados, puentes colapsados y vías truncadas son el testimonio de un sistema fallido.
Corrupción sin castigo, obras sin terminar
Algunas obras llevan más de 24 años sin avances. Las entidades de control advierten sobre la falta de vigilancia y la impunidad. La Auditoría General de la República (AGR) exige una reforma estructural que priorice la transparencia y eficiencia, mientras los elefantes blancos siguen creciendo… junto con la indignación ciudadana.
Nace una nueva contratación estatal
Históricamente, el Estado ha delegado las obras públicas en contratistas privados, pese a escándalos como el de Centros Poblados, que en 2021 recibió un anticipo de 70.000 millones de pesos para conectar escuelas rurales, sin cumplir. Incluso tras este fraude, empresas vinculadas a este caso siguen contratando con el Estado.
#ChaoElefantesBlancos propone modificar 45 artículos de la Ley 80 de 1993, para que el Estado priorice la ejecución directa de obras, reduciendo corrupción y sobrecostos.
¿Qué ganamos los colombianos?
- Menos corrupción, más resultados.
- Obras terminadas y en funcionamiento.
- Contratos públicos y transparentes.
- Participación directa de las comunidades.
- Sanciones fuertes a los corruptos.
El Estado, al frente de las obras
Antes: Contratación con privados sin control.
Ahora: El Estado ejecuta primero, los privados como última opción.
El Estado comprará su propia maquinaria, insumos y contratará personal directamente. Solo si no puede, buscará alianzas con otras entidades públicas.
Participación comunitaria y control ciudadano
Ya no solo las grandes empresas podrán contratar con el Estado. Ahora se incluyen:
- Juntas de Acción Comunal.
- Cabildos Indígenas.
- Consejos Comunitarios.
- Organizaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Mayor participación ciudadana
Se crea el Incidente de Objeciones Ciudadanas: cualquier persona podrá denunciar irregularidades en contratos. Además, todos los documentos estarán disponibles en SECOP II, y habrá audiencias públicas obligatorias.
Control total:
¡Juego limpio o se anula el contrato!
La Procuraduría, Contraloría y veedurías ciudadanas pueden solicitar la nulidad de un contrato si detectan corrupción. El Estado debe responder, fortaleciendo el control ciudadano y la vigilancia.
Sanciones más fuertes: ¡el que la hace, la paga!
Multas aumentan de 20 a 50 SMLMV y la inhabilidad para ejercer cargos públicos pasa de 10 a 12 años para responsables de corrupción.
Todos los actores responderán solidariamente:
- Funcionarios en todas las etapas del contrato.
- Contratistas y consorcios.
- Interventores y asesores.
Prohibida la subcontratación
Los convenios entre entidades públicas ya no podrán subcontratar tareas con privados. Solo el Estado ejecutará, evitando que terceros lucren con recursos públicos.
#ChaoElefantesBlancos marca un cambio histórico en la contratación pública. Se busca un Estado eficiente, transparente y al servicio de la gente, donde la corrupción no tenga cabida y los recursos públicos se usen con responsabilidad.
Proyecto de Ley impulsado por los congresistas: Olga Lucía Velásquez, Sergio Marín, Aída Avella, Modesto Aguilera y Alexander Bermúdez.
