¿Vuelven el 89 y el asesinato selectivo?
✍️ Por: José Félix Lafaurie Rivera
📝 Nota editorial:
Esta es una columna de opinión. Los conceptos expresados son de exclusiva responsabilidad de su autor y no comprometen la línea editorial de Revista Mi Nación.
El pasado 9 de julio, el presidente Gustavo Petro retiró el reconocimiento como negociador de paz a alias “Zarco Aldinever”, por indicios serios de su participación en el atentado contra el excandidato Miguel Uribe Turbay. Lo preocupante, sin embargo, es que estos indicios ya eran conocidos desde tiempo atrás.
Con la muerte de Santrich y El Paisa, y la aún no confirmada de Iván Márquez, Zarco quedó como líder de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC a la que se vinculó tras su desmovilización en 2016. Por ese incumplimiento del Acuerdo de Paz, fue expulsado de la JEP. A pesar de ello, en febrero de 2024, el presidente Petro decidió reabrir diálogos con esa disidencia, y la Fiscalía levantó las órdenes de captura contra sus cabecillas.
El regreso de Zarco a la justicia ordinaria puede ser un alivio, pero también expone una grave contradicción: ¿cómo fue posible que se le otorgara estatus de negociador sabiendo de sus antecedentes y de planes criminales activos?
Una amenaza directa y personal
En noviembre de 2021, mientras participaba en una sesión de Junta de Fedegán, el entonces presidente Iván Duque intentó comunicarse insistentemente conmigo. Al responder, me informó de problemas serios de seguridad, y me pidió hablar con el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional. Este a su vez me contactó con el general Norberto Mujica, director de Inteligencia de la Policía, quien solicitó hablar personalmente con mi familia.
Esa misma tarde nos reunimos en casa. El general Mujica nos expuso los resultados de una operación en Venezuela iniciada tras el asesinato de dos agentes encubiertos. Como resultado marginal de esa operación, se descubrió un plan para asesinar a alguien de mi familia, con un pago ofrecido de 1.000 millones de pesos. Los perpetradores ya conocían nuestras rutinas y vulnerabilidades.
La familia, en riesgo
Ante semejante noticia, nuestros hijos salieron del país en 2022. Mi esposa, la senadora María Fernanda Cabal, entonces también precandidata presidencial, hizo declaraciones generales sobre las amenazas, siguiendo las recomendaciones de los organismos de seguridad.
Posteriormente, en agosto de 2022, ya como presidente, Gustavo Petro nos citó a su despacho. Nos ofreció protección y demostró estar plenamente informado sobre la situación. Fue un gesto que agradecimos, pero que hoy se torna indignante, al saberse que en 2024 el Gobierno decidió legitimar como negociador a quien había atentado contra nuestra familia, y quien hoy estaría detrás del ataque a Miguel Uribe.
¿Y si se repite la historia?
Lo más grave es que el Gobierno conocía la peligrosidad del Zarco, entendía que había móviles políticos en su accionar criminal, sabía que era capaz de atentar contra figuras de oposición… y aun así le dio estatus de negociador. El resultado: una oportunidad perdida para la justicia, y un atentado ejecutado contra otro líder opositor.
El asesinato político es selectivo por definición: busca silenciar voces incómodas, desestabilizar, infundir miedo. Colombia ya vivió esto entre 1989 y 1990, cuando fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, entre muchos otros.
¿Está regresando ese método como herramienta política? Esa es la pregunta que debemos hacernos como sociedad. Hoy nos duele profundamente lo sucedido con Miguel Uribe, pero el Zarco sigue libre y el riesgo sigue latente para otros candidatos.
Un llamado al Estado… y al país
Exijo que el Estado cumpla su obligación de protegernos. Porque si no lo hace, que sea Dios quien nos guarde. Pero que quede claro: no vamos a dejar de luchar por un mejor país.
