Tribunal congela nombramiento de Juan Carlos Florián en el Ministerio de la Igualdad
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender de manera provisional el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad, tras admitir una demanda que cuestiona si su designación respeta o no la Ley de Paridad de Género. La medida abre un debate inédito en el país: ¿cómo se aplica la ley de cuotas cuando se trata de identidades no binarias o de género fluido?
La demanda fue interpuesta por el estudiante de derecho Juan Manuel Flórez, quien argumenta que con Florián en el gabinete se rompe el equilibrio exigido por la norma: nueve ministras frente a diez ministros. En su decisión, el magistrado Fabio Iván Afanador concluyó que, con las cifras actuales, las mujeres ocupan solo el 47,36 % de las carteras, por debajo del 50 % mínimo exigido por la ley.
La defensa de Florián, sin embargo, insiste en que su identidad de género fluida lo convierte en un caso distinto. Incluso, ha pedido que se le reconozca como “ministra” y que se evite asignarle un género binario. “Querida, no se nace mujer, una se hace mujer en el transcurso de la vida. Deja el drama y no discrimines”, escribió en redes sociales en 2018, uno de los mensajes que hoy utiliza como prueba de su tránsito hacia el lado femenino de su identidad.
La controversia escaló con las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sostuvo que el nombramiento de Gloria Patricia Perdomo como nueva ministra TIC subsana cualquier incumplimiento. Sin embargo, constitucionalistas como Luis Miguel Hoyos discrepan: “La paridad no se corrige después, se cumple en el momento de los nombramientos. Pretender lo contrario es aceptar la quiebra de la norma”.
Más allá de la pugna política y jurídica, el caso expone un vacío en la Ley de Paridad de Género, actualizada en 2024, que no contempla a las personas no binarias ni a quienes se identifican con géneros fluidos. La Corte Constitucional ya había advertido esta omisión, aclarando que la norma está enfocada exclusivamente en garantizar la participación de las mujeres en altos cargos del Estado, sin regular expresamente otras identidades.
Por ahora, la suspensión cautelar mantiene en vilo al Ministerio de la Igualdad y abre un debate nacional que va más allá del caso de Florián: la urgencia de actualizar la legislación para responder a la diversidad de género en el país.
