El Chocó es un departamento que desde tiempo atrás vive una paradoja cruel: es un territorio clave para la paz, la conectividad del país y la biodiversidad, pero igualmente es uno de los departamentos con mayores déficits habitacionales, rezagos sociales y crisis humanitaria. Actualmente, desde la administración departamental, encabezada por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba se ha gestionado ciertas emergencias, el tema de los servicios públicos precarios, obras que se encontraban en trabas administrativas, entre otros temas como seguridad, vivienda y gestión del riego, todo lo anterior con apoyos intermitentes del Gobierno nacional.
Control armado, confinamientos y seguridad
Primeramente, en términos de seguridad la mayor proporción de población afectada por confinamientos en Colombia se concentró desde 2024 en el Chocó, según OCHA (Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) confirmó que el país registró niveles record de confinamientos y restricciones a la movilidad en el año 2024 y el 36% del total nacional se consolidó en el departamento del Chocó ocasionando impactos severos en ríos-troncal, movilidad y abastecimiento en el departamento, igualmente para el 2025 la tendencia sigue alta y Chocó sigue siendo uno de los epicentros.
Desde la Defensoría del Pueblo y medios públicos se han emitido advertencias sobre acciones del ELN y choques con el Clan del Golfo que mantienen bajo amenaza a comunidades afro e indígenas del departamento como San Juan, Baudó y la costa Pacífica, las cuales cuentan con miles de niños afectados, muertos y decenas de miles de personas encerradas sin poder transitar sus ríos.
Es así como las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 2025 frente a este escenario han solicitado medidas urgentes de Nación y Gobernación, como rutas de evacuación, apoyo financiero flexible a las alcaldías y obras viales que conecten cabeceras con corregimientos para lograr salir del aislamiento, porqué aún con la óptima gestión de la Gobernación no se ha logrado un avance definitivo en seguridad para el Chocó.
Déficit en vivienda y servicios públicos
Ahora bien, el rezago en agua y saneamiento es estructural. Desde los informes sectoriales y del Ministerio de Vivienda se muestra que el Chocó está entre las coberturas más bajas del país, con una ruralidad crítica y continuidad deficiente del servicio.
En 2024 y 2025 el Ministerio de Vivienda y la Gobernación firmaron un convenio para 1.762 mejoramientos de vivienda; además, se priorizaron recursos por más de $50.000 millones para terminar los acueductos de Istmina, Nóvita y Medio Baudó, e iniciar soluciones habitacionales en Quibdó en la urbanización El Piñal II. Lo anterior es un avance que se logró con una gestión territorial insistente. Pero también es, en parte, la corrección de una historia de proyectos inconclusos e incluso de recursos perdidos: la Contraloría documentó en 2024 más de $100.000 millones evaporados en acueductos de varios municipios del Chocó.
Infraestructura
Por otro lado, se encuentra el corredor La Mansa – Quibdó que a pesar de que el Ministerio de Transporte reportó ejecución en el mismo, la realidad es que sigue sujeto a cierres y pasos controlados por riesgo de nuevos deslizamientos, aún cuando la Gobernación ha gestionado repetidas veces con Invias y autoridades de Antioquia para lograr mantener un nivel de transitabilidad en el corredor y garantizar el abastecimiento del departamento.
Gestión del riesgo y afectaciones climáticas
El Chocó en el 2024 se vio afectado grandemente por las lluvias extremas del fenómeno de variabilidad climática, tanto así que el Gobierno nacional declaró desastre natural en noviembre de 2024 por inundaciones generalizadas; a pesar de esto, la respuesta en recuperación de vías terciarias y soluciones transitorias de vivienda ha sido lenta y fragmentada. Las comunidades de El Carmen de Atrato
denunciaron ayudas insuficientes y discontinuas. Es por esto que la Gobernación con escaso músculo fiscal ha tenido que concurrir con alcaldías, UNGRD y cooperación para atender lo urgente mientras aboga por obras de estabilización de laderas, dragados y puentes.
Plan departamental
Por último cabe nombrar que el Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027, “El Chocó en Ruta hacia el Progreso”, ha venido recogiendo un diagnóstico robusto y fija prioridades para el departamento, como cerrar brechas en salud y agua,
asegurar conectividad vial, fluvial, impulsar la economía y la cultura, y garantizar derechos con enfoque étnico. El documento subraya, además, algo inusual en un plan territorial: después de 20 meses del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, el balance de ejecución de inversiones nacionales en Chocó es bajo y no se condice con la magnitud de las necesidades. Es un llamado explícito a pasar del discurso a los desembolsos y a la ejecución efectiva. Debido a lo anterior la Gobernación ha movido piezas para que proyectos estratégicos avancen, desde los acuerdos con el
Ministerio de Vivienda en términos de mejoramientos y acueductos, coordinación con Invías para pasos provisionales y atención de emergencias, y mesas con comunidades para evitar bloqueos y priorizar obras locales.
Se puede concluir que la gestión de la Gobernación del Chocó en 2024–2025 muestra una administración que ha sacado adelante convenios clave en vivienda y agua, ha sostenido la conectividad con Invías en plena crisis vial y ha instalado una narrativa de prioridades basada en evidencia y participación. Pero también revela los límites de un departamento que, sin un salto real de inversión, ejecución y presencia del Gobierno nacional, seguirá administrando emergencias en vez de construir futuro.
El abandono histórico del Chocó no es una consigna; está escrito en sus cifras humanitarias, en sus ríos bloqueados por el miedo, en sus acueductos inconclusos y en su carretera que no permite abastecer el departamento, por ende el Chocó es una responsabilidad que le corresponde a la Nación, no debe ni debería ser una lucha en solitario.
