La reforma a la Ley 30 de 1992, que regula la financiación de las universidades públicas en Colombia, superó un paso clave en el Congreso. En segundo debate, el Senado aprobó el proyecto que modifica los artículos 86 y 87 para que los recursos que se asignan cada año a estas instituciones ya no crezcan con base en la inflación (IPC), sino en el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), un indicador que refleja de manera más precisa el gasto real de operar una universidad.

El Sistema Universitario Estatal (SUE) advierte que esta diferencia ha generado un hueco presupuestal de cerca de 17 billones de pesos, equivalente a lo recaudado en una reforma tributaria. Solo en gastos de funcionamiento —como salarios de docentes y trabajadores— el déficit se estima en 3,5 billones.

La reforma busca evitar que más universidades recurran a medidas extremas como venta de bienes, alquiler de espacios o reducción de su planta de profesores. Ejemplos recientes son la Universidad de Antioquia, que anunció la venta de predios para sostenerse, o la Universidad Distrital, que arrienda sus instalaciones para obtener ingresos adicionales.

Aunque la propuesta cuenta con el apoyo del Gobierno y de la mayoría de bancadas, enfrenta críticas de sectores que advierten sobre el impacto fiscal de indexar los recursos al Ices, ya que esto implicaría un aumento adicional de unos cinco puntos porcentuales al presupuesto anual.

Ahora, el proyecto deberá superar dos debates en la Cámara de Representantes. De aprobarse, marcaría un hito en la financiación de la educación superior pública, beneficiando no solo a las 34 universidades oficiales del país, sino también a 30 instituciones técnicas y tecnológicas que hoy enfrentan una crisis aún más severa.