Capturas en Venezuela y obstáculos judiciales reavivan debate sobre clínicas estéticas ilegales
La investigación por la muerte de Yulitza Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino del sur de Bogotá, tuvo un nuevo giro esta semana luego de que autoridades confirmaran la captura en Venezuela de tres de los principales implicados en el caso.
De acuerdo con las investigaciones, Toloza ingresó el pasado 13 de mayo a un establecimiento conocido como “Beauty Láser M.L.”, ubicado en el barrio Venecia de Bogotá, donde se realizaría una lipólisis láser. Horas después del procedimiento, amigas de la víctima alertaron que la mujer presentaba graves complicaciones de salud: dificultad respiratoria, desorientación y signos visibles de deterioro físico.
Las autoridades sostienen que el lugar operaba de manera irregular, sin habilitación sanitaria ni permisos para realizar procedimientos invasivos. Videos de cámaras de seguridad revelaron posteriormente que Yulitza fue sacada inconsciente del establecimiento por varios hombres y trasladada en un vehículo particular. Días después, su cuerpo fue hallado en zona rural de Apulo, Cundinamarca.
Capturas y posible crisis de extradición
Uno de los aspectos que hoy concentra la atención jurídica del caso es la situación de los tres ciudadanos venezolanos capturados en ese país: la propietaria del centro estético, su pareja y el hombre señalado de realizar el procedimiento. Según medios internacionales, la justicia colombiana busca su extradición para responder por delitos como desaparición forzada, encubrimiento, omisión de socorro y posible homicidio.
Sin embargo, el proceso enfrenta un obstáculo clave: la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Expertos señalan que Colombia intenta apoyarse en el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, aunque su aplicación en este tipo de casos sigue siendo incierta. Si la extradición no prospera, los implicados podrían ser juzgados en territorio venezolano mediante mecanismos de cooperación judicial binacional.
Un caso que reabre el debate sobre el derecho sancionatorio en salud estética
El caso de Yulitza Toloza volvió a poner sobre la mesa la proliferación de las llamadas “clínicas de garaje” y las falencias en los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre establecimientos estéticos en Colombia.
Desde el derecho sancionatorio, el caso podría derivar en investigaciones administrativas y disciplinarias relacionadas con habilitación ilegal de servicios de salud, ejercicio indebido de profesiones médicas, incumplimiento de protocolos sanitarios y posible destrucción de evidencia. Además, sectores políticos y jurídicos han insistido nuevamente en la necesidad de fortalecer proyectos como “Cirugía Segura Ya”, iniciativa que busca endurecer requisitos y controles para este tipo de procedimientos.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso continúa generando indignación nacional y encendiendo las alertas sobre los riesgos de acudir a centros estéticos sin certificación ni vigilancia oficial.
