La crisis ambiental y de orden público escala a niveles personales. La mandataria departamental confirmó haber recibido amenazas directas contra su vida y la de su familia, atribuidas a grupos armados ilegales, en medio de la ofensiva institucional para esclarecer el origen criminal de las devastadoras conflagraciones.
La tensión institucional y de seguridad en el departamento del Tolima llegó a un punto crítico. La gobernadora Adriana Magali Matiz denunció públicamente que ha sido objeto de graves amenazas de muerte e intimidaciones sobre posibles atentados en su contra y de su núcleo familiar.
Las intimidaciones se producen en retaliation directa —según las alertas y el análisis de seguridad de la administración— por la firme postura adoptada por la mandataria al destapar indicios de que los incendios forestales que azotan a la región no son accidentales, sino provocados sistemáticamente por manos criminales ligadas a estructuras armadas.
Claves de la crisis y el hostigamiento:
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El origen de las amenazas: Las alertas recaen principalmente sobre accionar de las disidencias de las FARC y redes criminales que operan en el departamento, resentidas por la presión institucional, los operativos de control territorial y la estrategia de seguridad liderada por la Gobernación.
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Emergencia ambiental con trasfondo criminal: Las autoridades departamentales y organismos de socorro han advertido sobre el hallazgo de material accelerante (como gasolina) y patrones inusuales en la propagación del fuego en municipios golpeados como Suárez, Coello y San Luis. La conflagración ya deja decenas de miles de hectáreas destruidas y una severa afectación a comunidades campesinas y ganaderas.
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Intimidación a brigadistas: La zozobra no se limita al nivel político. En zonas de alta tensión como el municipio de Suárez, brigadistas del Ejército que combatían las llamas en el cerro Las Mercedes recibieron advertencias radiales directas de sujetos que aseguraban tener sus coordenadas, amenazándolos con el uso de drones cargados con explosivos si continuaban las labores de mitigación.
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Acciones legales: Ante la gravedad del panorama, la Gobernadora solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación celeridad y profundidad en las investigaciones tanto para dar con los autores materiales e intelectuales detrás de los incendios provocados como para esclarecer el origen de los mensajes intimidatorios.
El Gobierno departamental ratificó que, pese al asedio y los riesgos a la seguridad personal, no se dará un paso atrás en la defensa del territorio ni en la judicialización de los responsables de esta tragedia ambiental que enluta al departamento.