
Analizamos la crisis de salud pública que atraviesa la capital del país.
En el momento más delicado en términos de salud pública durante la alcaldía de Gustavo Petro, la ciudad tuvo 635 puntos críticos plenamente identificados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la Secretaría de Planeación Distrital.
A cuatro meses de iniciar su administración, más exactamente el 18 de diciembre de 2012, día en el que vencería el contrato con los operadores privados que durante más de ocho años manejaron el sistema de recolección y disposición final de residuos, el alcalde tomó la decisión de no renovar los contratos y darle vía a un modelo de recolección y reciclaje que incluyera a recicladores de la ciudad en un nuevo esquema. La medida de talante social que caracteriza al hoy presidente no solo estaba alineada con una orden de la Corte Constitucional y contenía un espíritu inclusivo, sino que le supuso a Petro una batalla administrativa y mediática que escaló hasta su destitución.
Tiempo después, sus derechos políticos fueron amparados por la CIDH y el esquema de recolección se estabilizó. Es preciso recordar que los contratistas del esquema anterior llevaron a cabo una operación tortuga que saboteó la recolección inundando la ciudad de basura, tal como lo señaló la directora de la UAESP de aquel entonces, Nelly Mogollón: “El ocho de diciembre deberían llegar en promedio 6.000 toneladas de residuos y hubo días en los que llegaron 3.900 toneladas”.
A esta situación se suma el hecho de que los operadores privados se negaron a devolver al Distrito los equipos de la operación, afectando la prestación normal del servicio. Gustavo Petro, en medio de la controversia de ese entonces, denunció que con la no entrega de la flota, los concesionarios no solo desconocieron la ley, sino la constitucionalidad porque el saneamiento básico es un derecho esencial de la humanidad: “Acostumbrados a supeditar el poder público al interés particular poderoso, creyeron que era dictadura exigir la reversión de los compactadores”.
Una vez estabilizado el nuevo modelo de recolección, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), a través de la recién creada Aguas de Bogotá, asumió la recolección de residuos, desplazando a las empresas privadas que por años habían operado con contratos de concesión.
Primando el objetivo inicial de incluir a los recicladores como actores principales, garantizando su acceso a los residuos aprovechables. Al entregar la administración, los puntos críticos eran 190.
Seiscientos sesenta y seis
En respuesta a un Derecho de Petición presentado por la edil de Chapinero Katherine Garavito, ante la UAESP, la entidad informó que en este momento hay 666 puntos críticos, es decir, 31 más de los que tuvo Gustavo Petro y que le valieron, palabras más, palabras menos, su destitución. Es evidente que el actual alcalde Carlos Fernando Galán no enfrenta la misma resistencia mediática, burocrática ni legal que enfrentó Petro hace más de una década; sin embargo, la basura se amontona en las calles en medida superior a la crisis del 2012, y con un sistema de recolección estable que le fue entregado al mandatario distrital.
El costo del desaseo
Miles de usuarios denuncian en redes sociales que, pese al evidente mar de basura en las calles, la tarifa de aseo registrada en la factura del servicio público es más alta que la sumatoria de acueducto y alcantarillado, lo cual no es consecuente con la evidente insalubridad. La situación que poco se ve en los medios de comunicación nacionales, sí ha sido registrada por medios internacionales como DW, que ven en la gravísima situación un impacto negativo inmediato en la calidad de vida de los capitalinos. Además, el medio alemán nos hace notar que, en el marco del plan nacional de turismo promovido por el Gobierno Nacional y que ha dado frutos incontrovertibles, la administración de Bogotá no está a la altura de las necesidades y estándares que demanda la apuesta turística. 14 millones de turistas visitaron la ciudad en 2024 y el número tiende al alza debido a la fuerte campaña promocional del Gobierno Nacional en diferentes escenarios del mundo; en esa medida, a Galán no puede permitírsele menos que la reducción inmediata de la criticidad sin que eso signifique aumentar el costo que pagan los usuarios.