El departamento del Chocó enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años debido al paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde la medianoche del martes 18 de febrero. Durante 72 horas, el grupo insurgente ha paralizado la vida cotidiana de miles de habitantes, en un intento de consolidar su control territorial en la disputa con el Clan del Golfo y las Disidencias de las Farc.

Un pueblo sitiado

Las amenazas del ELN han confinado a más de 12.000 personas en sus hogares y provocado el desplazamiento forzado de al menos 3.500 habitantes en los últimos días. La situación es especialmente crítica en la cuenca del río San Juan, una región estratégica para el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera. Municipios como Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Sipí y Litoral de San Juan son los más afectados por los enfrentamientos armados.

Además de la violencia, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia de minas antipersona en zonas cercanas a caseríos y escuelas, lo que agrava la vulnerabilidad de las comunidades. En muchas localidades, el temor a ser víctimas de ataques ha obligado a los habitantes a permanecer encerrados, sin acceso a alimentos, medicamentos o asistencia médica.

La solicitud de la gobernadora

Ante la creciente crisis, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, solicitó al Gobierno Nacional la declaración del estado de conmoción interior, una medida que permitiría fortalecer la respuesta estatal en materia de seguridad. “La paz en el Chocó no se pudo. Con el ELN no se pudo. Con el Clan del Golfo no se ha podido todavía. Entonces, hay una conmoción interior por efectos del impacto de la criminalidad sobre la ciudadanía”, afirmó la mandataria en entrevista con La FM.

Córdoba también denunció que el 80 % del territorio chocoano está minado, lo que impide a los habitantes realizar actividades cotidianas como cultivar la tierra o desplazarse con seguridad.

Un nuevo actor en el conflicto

A la ya compleja situación se suma la aparición de las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’. Según la Defensoría del Pueblo, este grupo estaría operando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN, lo que ha exacerbado la violencia en la región. Esta alianza busca el control absoluto del río San Juan, clave para el tráfico de drogas hacia el Pacífico.

Fuentes militares indicaron que el paro armado también podría estar relacionado con la movilización de maquinaria utilizada para la minería ilegal, una actividad que financia a los grupos armados.

Impacto en la población y respuesta gubernamental

La crisis en el Chocó ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. La ONG Save the Children anunció la suspensión temporal de sus operaciones en la región, afectando el acompañamiento psicosocial que brindaban a las comunidades tras las inundaciones de noviembre pasado.

El Ministerio de Defensa respondió con el despliegue de 340 soldados en la zona rural del Medio San Juan para proteger a la población civil. No obstante, autoridades locales y analistas consideran que estas medidas son insuficientes para contener la crisis. Un informe de la organización De Justicia enfatizó la necesidad de proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas, priorizando su seguridad y el acceso efectivo a sus territorios.

Un conflicto de larga data

El paro armado del ELN es el noveno que se registra en el Chocó en los últimos dos años. Desde la firma de los Acuerdos de Paz con las Farc en 2016, el ELN ha reforzado su presencia en el departamento, aprovechando su ubicación estratégica en el Pacífico y su proximidad a la frontera con Panamá.

La militarización creciente, la disputa territorial entre grupos armados y la falta de una respuesta integral del Estado han convertido al Chocó en una de las zonas más afectadas por el conflicto en Colombia. Mientras la población civil sigue atrapada en medio de la violencia, la exigencia de soluciones definitivas se hace cada vez más urgente.