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  • Contraloría de Bogotá pone la lupa al esquema de aseo y hace un llamado para evitar riesgos fiscales que afectarían la ciudad

La Contraloría de Bogotá hace un llamado contundente a planear con rigor el cierre del esquema de aseo, garantizando continuidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio, sin improvisaciones que afecten a la ciudadanía.
● También instó a la identificación de riesgos fiscales y tarifarios, frente a eventuales prórrogas o esquemas transitorios que, de no estructurarse adecuadamente, podrían derivar en doble remuneración de activos ya amortizados, en detrimento del interés general y de los usuarios.
● Y, finalmente, exigió la protección reforzada a la población recicladora, asegurando la no regresividad de sus derechos y la preservación de las acciones afirmativas ordenadas por la Corte Constitucional.

En el marco de sus funciones constitucionales y legales de vigilancia y control fiscal, la Contraloría de Bogotá adelantó una mesa de trabajo (previa a la Actuación Especial que comenzará en el mes de marzo) con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), con el propósito de analizar aspectos críticos asociados al sistema de aseo de la Capital, considerando la culminación del esquema vigente prevista para febrero de este año, así como las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, que imponen la necesidad de evaluar los impactos técnicos, financieros, contractuales y regulatorios derivados del cierre del esquema, así como las medidas que deben adoptarse para garantizar la continuidad, eficiencia, sostenibilidad del servicio y, las acciones afirmativas en favor de la población recicladora.

Durante el encuentro, el Contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, resaltó la protección reforzada de la población recicladora, reconocida por la Corte Constitucional mediante el Auto 2059 de 2025, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-724 de 2003 y enfatizó que, cualquier decisión relacionada con la prórroga del esquema actual, la adopción de un régimen transitorio o la estructuración de un nuevo modelo de prestación del servicio debe garantizar la no regresividad de los derechos de esta población y la preservación de las acciones afirmativas ordenadas por la jurisprudencia constitucional.

De cara a la culminación del esquema vigente, la Contraloría de Bogotá D.C. destacó la necesidad de que la UAESP, en el marco de sus competencias, adelante una revisión técnica e integral del modelo financiero, tarifario y del régimen de bienes asociado a la prestación del servicio de aseo, considerando que la fórmula económica de los contratos de concesión fue estructurada con un horizonte de cierre definido para febrero de 2026 y que, a su terminación, las inversiones y los bienes afectos al servicio se entienden plenamente amortizados y remunerados a través de la tarifa. En este contexto, cualquier esquema de continuidad contractual o modelo transitorio deberá evitar la doble remuneración de activos, identificar de manera clara los bienes que deben revertir al Distrito Capital y garantizar el principio de continuidad funcional, con el fin de salvaguardar el equilibrio económico, prevenir riesgos fiscales, operativos y jurídicos, y asegurar una prestación eficiente, continua y de calidad del servicio público de aseo, en observancia de los principios de legalidad, planeación, economía y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

Finalmente, con esta actuación, la Contraloría de Bogotá reafirma su compromiso con la vigilancia responsable y técnica de los recursos públicos, actuando en defensa del interés general y del bienestar de todos los bogotanos. El control fiscal riguroso y oportuno es fundamental para anticipar riesgos, fortalecer la planeación y garantizar que las decisiones sobre el futuro del esquema de aseo se adopten con transparencia, legalidad y sostenibilidad. La recolección y disposición adecuada de residuos es un servicio público esencial para la salud, el ambiente y la calidad de vida en la ciudad, por lo que su continuidad, eficiencia y calidad deben ser una prioridad inaplazable para las autoridades y los operadores, siempre en beneficio de la ciudadanía.

Tomado de Contraloria.

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