El panorama laboral y económico del país se sacudió hoy con una decisión judicial que podría reconfigurar la política salarial de este año. El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el aumento del salario mínimo decretado para 2026, generando incertidumbre entre empleadores, trabajadores y analistas económicos.

La medida, adoptada por la alta corte, ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días que cumpla estrictamente con los criterios legales vigentes, basados en la inflación y la productividad, tal como lo exige la Ley 278 de 1996. El decreto anterior, que contemplaba un aumento cercano al 23 %, fue considerado jurídicamente insuficiente por emplear criterios alternativos como el llamado “salario vital”.

Un Aumento Históricamente Alto en Medio de Debate

A finales de diciembre de 2025, el presidente de la República firmó un decreto que fijaba el salario mínimo para este año con un aumento histórico cercano al 23 %, llevando el ingreso mensual a aproximadamente 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte. Esta alza fue planteada por el Gobierno como un avance para el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en un contexto de inflación persistente y desigualdad económica.

Sin embargo, el método utilizado para calcular este incremento, más allá de los criterios tradicionales de inflación y productividad, fue el argumento que motivó la suspensión provisional del decreto. Según la decisión judicial, cualquier base que no cumpla con la normativa vigente puede llevar a inseguridad jurídica para todos los agentes del mercado laboral.

Reacciones Cruzadas en la Política y la Economía

La respuesta política no se hizo esperar. Sectores del oficialismo han criticado la suspensión, calificándola como una decisión que puede afectar negativamente a millones de trabajadores que ya habían empezado a planear su presupuesto con base en el nuevo salario. Por otro lado, analistas económicos han visto en la decisión un equilibrio entre el respeto por la ley y la estabilidad de la economía formal, recordando que incrementos salariales drásticos pueden tener efectos secundarios en la inflación o en la formalidad laboral.

Asimismo, la magnitud del aumento había encendido debates en diversos sectores productivos. Gremios empresariales y asociaciones de industriales venían advirtiendo que un aumento tan significativo podría ejercer presión sobre costos operativos y en la toma de decisiones de pequeñas y medianas empresas.

¿Qué Pasa Ahora con los Trabajadores?

Mientras se define el nuevo decreto, el salario mínimo actual —incluido el “salario vital” provisional— permanece vigente, y las empresas deben seguir pagándolo según lo decretado inicialmente. No obstante, la posibilidad de un ajuste o redefinición podría generar más debate sobre la equidad, competitividad y sostenibilidad del mercado laboral colombiano.

Con elecciones presidenciales en el horizonte, la discusión sobre el salario mínimo toma un cariz político adicional, abriendo interrogantes sobre cómo se equilibrará la justicia salarial con la estabilidad económica en un país donde millones de trabajadores viven con ingresos cercanos a este umbral.