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  • Educación superior pública alcanza cifras históricas: más cobertura, gratuidad e inversión bajo el Gobierno del Cambio

La educación superior pública vive un momento histórico en Colombia. El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, presentó ante el Senado los resultados del modelo de financiación del Gobierno del Cambio, con cifras que consolidan la gratuidad, amplían la cobertura y fortalecen el sistema público universitario.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), más de 245.000 nuevos estudiantes ingresaron a instituciones públicas durante el primer semestre de 2025. Además, el 97% de los estudiantes cuenta con matrícula gratuita, y $4,22 billones adicionales se han destinado al fortalecimiento del sistema desde 2023.

“A la economía del país no le sirve un estudiante endeudado, le sirve un joven que salga de la universidad a generar riqueza. Por eso hemos hecho un esfuerzo fiscal enorme para garantizar educación como un derecho, no como un privilegio”, afirmó el ministro Rojas Medellín.

Cifras que transforman la educación superior

El nuevo modelo de financiamiento público ha permitido:

  • 245.000 nuevos cupos en pregrado entre 2023 y 2025.

  • 1,4 millones de estudiantes en instituciones públicas, dentro de un total nacional de 2,5 millones.

  • $12 billones invertidos en 2024 y una proyección de $13 billones para 2025.

  • $4,22 billones adicionales en presupuesto de funcionamiento e inversión para las IES.

Estos recursos han fortalecido la infraestructura, mejorado la calidad académica y ampliado las oportunidades educativas en zonas rurales y apartadas.

Educación gratuita y de calidad

La Política de Gratuidad, uno de los pilares del Gobierno del Cambio, benefició en 2024 a 906.000 estudiantes —el 97% de la matrícula en instituciones públicas— con una inversión de $2,23 billones. Para 2025, el presupuesto aumentará a $2,92 billones, asegurando la continuidad del beneficio y la permanencia estudiantil.

En paralelo, se ejecutan $1,9 billones en 129 proyectos de infraestructura universitaria, dirigidos a mejorar aulas, laboratorios y espacios de aprendizaje en todo el país.

Avances en acceso y equidad territorial

El acceso a la educación superior también crece: la tasa de tránsito inmediato de bachilleres aumentó de 41,1% a 45,9% entre 2022 y 2024. En zonas rurales, pasó de 24,7% a 30%, cumpliendo las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Además, el ICETEX amplió sus fondos poblacionales, que benefician a comunidades indígenas, afrocolombianas, víctimas y jóvenes de bajos ingresos, pasando de $150 mil millones en 2023 a $359 mil millones en 2025.

Inversión histórica en infraestructura educativa

El Gobierno impulsa 131 proyectos por $1,9 billones en 24 departamentos, beneficiando a más de 260.000 estudiantes. Entre las obras destacadas se encuentran:

  • Caribe: sede Mayor de Cartagena, modernización de Bellas Artes (Universidad del Atlántico) y bloque IX de la Universidad de La Guajira.

  • Andina: sede Agroindustrial de Anserma (Universidad de Caldas) y laboratorios de la Institución Universitaria Digital de Antioquia.

  • Pacífico: Multicampus de Educación Superior de Cali.

  • Orinoquía y Amazonía: obras en Unitrópico (Yopal) y el Instituto Tecnológico del Putumayo.

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) lidera 42 intervenciones, junto con universidades, Findeter y la Agencia Nacional Inmobiliaria.

Asimismo, el Ministerio gestiona 29 Proyectos de Importancia Nacional Estratégica (PINES) en educación, con $1,8 billones distribuidos en 14 departamentos.

Hacia una educación como derecho fundamental

Con este modelo, el Gobierno del Cambio consolida una visión donde la educación superior pública es gratuita, inclusiva y transformadora. No solo se trata de más aulas o cupos, sino de construir oportunidades reales para los jóvenes del país.

“Lo público se financia con lo público”, reiteró el ministro Daniel Rojas, enfatizando que el fortalecimiento de las universidades estatales es clave para el desarrollo y la justicia social.

Con cobertura, inversión, infraestructura y gratuidad, Colombia avanza hacia una educación superior concebida no como un privilegio, sino como un derecho fundamental y motor del cambio social.

Tomado de Min Educación