BOGOTÁ, 19 may./2025 — Los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; del Interior, Armando Benedetti; y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, radicaron hoy ante la Secretaría del Congreso de la República la convocatoria oficial para la consulta popular que someterá a votación 16 preguntas, dirigidas a aproximadamente 15 millones de ciudadanos en todo el país.
Este mecanismo constitucional de democracia participativa busca que la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos de gran trascendencia nacional, enfocándose en corregir desigualdades estructurales, proteger a los sectores más vulnerables y avanzar en reformas laborales y de salud fundamentales para Colombia.
El ministro Sanguino destacó que “la soberanía popular no se va a doblegar ante las maniobras de los sectores de la derecha opositora al Gobierno del Cambio”, y ratificó la vocación del Gobierno por el diálogo y la participación ciudadana.
Las 16 preguntas de la consulta popular
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Jornada laboral máxima: Que la jornada laboral diurna no supere las 8 horas y se desarrolle entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m., con recargos del 75% por hora extra nocturna y 35% por jornada nocturna ordinaria.
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Recargo dominical y festivo: Que el trabajo en domingos y festivos se remunere con un recargo del 100%, mejorando la justicia social y la equidad laboral.
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Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes): Incentivos reales, incluyendo bajas tasas de interés para financiar insumos, maquinaria y tecnología, priorizando sectores como hotelería, agricultura, turismo y transporte.
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Permisos para atender la salud: Incluyendo licencias por menstruaciones incapacitantes para mejorar la atención de la salud laboral.
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Inclusión laboral de personas con discapacidad: Que las empresas incluyan al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores.
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Contratos laborales para aprendices: Que los aprendices del SENA y similares tengan contratos de aprendizaje con carácter laboral.
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Derechos para trabajadores de plataformas digitales: Garantizar contratos, seguridad social y condiciones dignas para cerca de 433 mil trabajadores de plataformas de reparto y transporte.
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Régimen especial para trabajadores del campo: Garantizando derechos laborales, salarios justos y mejoras en productividad y calidad agrícola.
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Eliminación de la tercerización laboral: Acabar con contratos sindicales falsos y evadir responsabilidades laborales y de seguridad social.
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Formalización de trabajadores diversos: Trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores y otros, para garantizar sus derechos.
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Contrato a término indefinido como norma: Para combatir la precarización y vulneración de derechos por contratos temporales o por prestación de servicios.
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Fondo especial para bono pensional campesino: Garantizar pensiones a 3.9 millones de campesinos y campesinas, aumentando la cobertura actual del 8.6%.
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Compra y producción estatal de medicamentos: Para asegurar entrega completa y oportuna a los pacientes.
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Transformación del rol de las EPS: Que las EPS dejen de ser intermediarias financieras y se conviertan en gestoras de salud, mientras la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas.
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Fortalecimiento del modelo de atención primaria: Promover un modelo preventivo, resolutivo y con ampliación de servicios especializados en salud pública, privada y mixta.
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Régimen laboral especial para empleados de salud: Garantizar vinculación formal, derechos laborales y salarios justos para los trabajadores del sector.
Contexto y proyección
El proceso busca no solo la aprobación ciudadana, sino también avanzar en la reforma estructural de los sistemas laboral y de salud que, según el Gobierno, reflejan las luchas históricas de los trabajadores colombianos y las nuevas realidades del mundo del trabajo.
El Ministerio del Trabajo calcula que, debido a las actuales condiciones laborales, un trabajador que devengue un salario mínimo ha dejado de percibir más de 21 millones de pesos por recargos nocturnos y más de 22 millones por trabajo sin recargo dominical, lo que evidencia la magnitud del impacto de las reformas propuestas.
Este nuevo intento de consulta popular se suma a los esfuerzos del Gobierno por garantizar justicia social, equidad y participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a millones de colombianos.
