
El encontronazo surgido entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá gira en torno a un proyecto de resolución impulsado por Susana Muhamad, ahora exministra de Ambiente, sobre la reorganización de la Sabana de Bogotá. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, esta propuesta no ha sido consultada con el Distrito y podría afectar importantes proyectos para la ciudad y la región.
¿De qué trata la resolución?
El documento, que se encuentra abierto para comentarios, establece limitantes en el uso del suelo en Bogotá y en la Sabana, abarcando 34 municipios de Cundinamarca y cuatro del Meta. En total, sería una regulación especial sobre aproximadamente 580 mil hectáreas.
El alcalde Galán ha rechazado tajantemente la propuesta, argumentando que se trata de “una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial”.
Impacto en proyectos clave
En una rueda de prensa realizada este miércoles, el alcalde y funcionarios del Distrito advirtieron que el proyecto del Gobierno nacional, que plantea la no intervención en ciertos ecosistemas, podría obstaculizar la ejecución de obras estratégicas como:
- La Línea 1 y 2 del Metro de Bogotá.
- La ampliación del Aeropuerto El Dorado.
- La construcción del Regiotram.
Estos proyectos son fundamentales para la movilidad y el desarrollo de la capital, y cualquier regulación que impida su ejecución representaría un fuerte impacto en la ciudad.
Acciones legales en camino
Ante la posibilidad de que la resolución prospere sin modificaciones, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que tomará acciones legales de tipo administrativo y penal contra el Gobierno nacional. Argumenta que la medida atenta contra la autonomía territorial y viola la legislación vigente. Además, solicitó la realización de mesas de concertación para encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y la continuidad de los proyectos clave para la ciudad.
Respuesta del Gobierno nacional
Por su parte, Susana Muhamad, en declaraciones a Noticias Caracol, defendió la resolución asegurando que esta “respetará las actuales disposiciones de los planes de ordenamiento territorial de Bogotá y la Sabana”. Según la exministra, esto significa que los proyectos no se verán afectados y que la regulación busca garantizar un equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente.
El debate sigue abierto y se espera que en los próximos días el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá avancen en las discusiones para encontrar una solución que satisfaga a ambas partes.