Desde el Consejo Nacional Electoral se confirmó la apertura de investigación y formulación de cargos por los gastos y montos usados en la campaña presidencial de Gustavo Petro del año 2022.

En medio de un clima político cada vez más tenso en Colombia, un reciente anuncio de la Comisión Nacional Electoral (CNE) ha desatado una tormenta de reacciones en el país. Según múltiples medios de comunicación y fuentes cercanas al gobierno, el presidente Gustavo Petro habría sido notificado de un supuesto “golpe de estado” a través de decisiones de la CNE que, según algunas interpretaciones, buscan desestabilizar su mandato.

Contexto de la crisis

Este evento se desarrolla en un ambiente político caracterizado por un creciente enfrentamiento entre el gobierno de Petro y sectores opositores que acusan al presidente de tomar decisiones “autoritarias” y de desoír los mecanismos institucionales establecidos. Sin embargo, la CNE ha negado cualquier intención de actuar fuera de sus competencias legales. Según sus representantes, sus decisiones están enmarcadas en el respeto al estado de derecho y la vigilancia de la legalidad de los procesos electorales y administrativos.

El núcleo del conflicto parece girar en torno a una serie de investigaciones y sanciones que la CNE ha iniciado en contra de Petro y su partido político, el Pacto Histórico, relacionadas con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022. Esta situación ha sido interpretada por aliados del mandatario como un intento de “golpe blando”, una estrategia utilizada por actores políticos e instituciones para debilitar a gobiernos de tendencia progresista o de izquierda en América Latina.

La reacción del gobierno

En respuesta, Gustavo Petro no ha permanecido en silencio. A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el mandatario expresó que “las decisiones de algunos sectores del Estado buscan frenar el cambio que el pueblo colombiano ha exigido”. Petro hizo un llamado a sus seguidores a mantenerse alerta ante lo que él describe como “maniobras antidemocráticas” y a defender el proyecto político que su gobierno representa.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también ha sido enfático al calificar las acciones de la CNE como una “intervención indebida en el curso de la democracia”, agregando que este tipo de medidas alimentan la inestabilidad institucional.

Oposición y voces críticas

Por su parte, la oposición, liderada por figuras como el expresidente Álvaro Uribe y miembros de partidos conservadores y liberales, ha respaldado la labor de la CNE, calificando sus acciones como “necesarias para garantizar la transparencia”. Han señalado que cualquier acto contrario a la legalidad debe ser investigado y sancionado sin importar el rango o la popularidad del involucrado. En sus palabras, “nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente”.

Algunos sectores de la sociedad civil han pedido moderación y diálogo entre las partes, advirtiendo que una confrontación abierta entre las instituciones del Estado podría tener graves consecuencias para la estabilidad del país.

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@lauraximerojas