Empresarios y gremios defienden el rol del Congreso en el debate de reformas

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo revés luego de que la Comisión Séptima del Senado firmara una ponencia de archivo en su contra. Los gremios empresariales han manifestado su respaldo a la decisión del Congreso, argumentando que la iniciativa aumentaba los costos para las empresas sin resolver problemas estructurales como la informalidad y el desempleo juvenil.

Ante esta situación, el presidente Petro ha propuesto una consulta popular para intentar revivir la reforma. Sin embargo, el Consejo Gremial Nacional (CGN) advirtió que las reformas deben debatirse en el Congreso, como parte del sistema democrático colombiano. Además, señalaron que intentar presionar a las instituciones a través de movilizaciones genera incertidumbre y afecta la confianza inversionista en el país.

Consulta popular: ¿una estrategia política o una salida legítima?

El Instituto de Ciencia Política (ICP) también se pronunció sobre la propuesta presidencial, advirtiendo que instrumentalizar una consulta popular para contrarrestar la decisión del Congreso pone en riesgo la separación de poderes. Según el ICP, esta estrategia es similar al llamado a una Asamblea Constituyente y busca trasladar el debate del contenido de la reforma a una confrontación política con el Congreso, elegido por más de 18,6 millones de ciudadanos.

Además, expertos advierten que la consulta enfrenta serias limitaciones jurídicas:

• Requiere aprobación del Senado y revisión de la Corte Constitucional.
• Debe lograr la participación de más de 13 millones de votantes, con al menos seis millones a favor, para que sea vinculante.
• No está diseñada para abordar reformas complejas, sino asuntos de trascendencia nacional con preguntas claras y cerradas.

Rechazo desde diversos sectores

Sindicatos, empresarios y académicos han señalado que la reforma no respondía a las necesidades del mercado laboral. A pesar de modificaciones como la eliminación del artículo sobre el jornal agropecuario, el proyecto mantenía rigideces que afectaban la viabilidad de las empresas y la generación de empleo formal.

Según el Índice de Afinidad con la Libertad Económica (IALE), la reforma tenía baja compatibilidad con el crecimiento económico y la inversión. Entre los efectos negativos que podría haber generado destacan:

• Rigidez laboral: sectores estratégicos como el comercio, el turismo y la agroindustria habrían sido afectados por la eliminación de contratos flexibles.
• Empleo juvenil en riesgo: los cambios en los contratos de aprendizaje aumentarían costos sin resolver la falta de articulación entre la educación y la demanda laboral.
• Desincentivo a la automatización: el proyecto establecía restricciones a la innovación tecnológica, afectando la competitividad del sector productivo.

Con la consulta popular en el aire y el debate aún abierto, la incertidumbre crece en torno al futuro de la reforma laboral y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.