Productores y Gobierno alcanzan un acuerdo clave para el sector arrocero
Después de nueve días de protestas y diálogos entre representantes del Ministerio de Agricultura y delegados de los productores arroceros del Tolima y Huila, se confirmó el levantamiento del paro arrocero. Este acuerdo permitirá el desbloqueo de vías en los departamentos de Meta, Huila, Tolima, Cesar y Norte de Santander, facilitando el restablecimiento del transporte y la comercialización del grano.
Geidy Ortega, viceministra de Asuntos Agropecuarios, anunció el consenso alcanzado entre las partes, señalando que la solución se logró gracias a una bolsa de financiamiento construida conjuntamente entre el Ministerio y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz). “Solicito, dado que hay acuerdo en el primer punto, el desbloqueo inmediato de las vías de Tolima y Huila, con el compromiso de una bolsa (de dinero) que ha sido construida por el ministerio y Fedearroz”, indicó Ortega.
Principales acuerdos alcanzados
Los acuerdos entre el Gobierno y los arroceros abordan varios temas clave para la estabilidad del sector:
- Financiamiento para pequeños y medianos productores: Se destinarán $21.930 millones para atender las necesidades de los productores.
- Apoyo a la comercialización: Se destinará un fondo específico para facilitar la venta de aproximadamente 72.896 toneladas de arroz de pequeños productores y 154.954 toneladas de medianos productores.
- Salvaguardias para proteger la producción nacional: Se trabajará en coordinación con el Ministerio de Comercio para regular la importación de arroz y fortalecer la competitividad del sector.
- Manejo fitosanitario: Implementación de estrategias para garantizar la calidad del grano y la sostenibilidad de los cultivos.
- Fondo de estabilización de precios: Creación de un mecanismo para mitigar la volatilidad en el valor del arroz en el mercado.
- Política de libertad vigilada: Supervisión del mercado para evitar distorsiones en la comercialización del producto.
- Reducción de costos de producción: Evaluación y ajustes en los costos operativos para mejorar la rentabilidad de los productores.
Distribución del apoyo financiero
Del total de recursos destinados al sector, el 40% ($8.747 millones) se asignará a pequeños productores, quienes recibirán un incentivo de $15.000 por carga de arroz vendida. Mientras tanto, los medianos productores contarán con un apoyo de $9.750 por carga, con una bolsa total de $12.082 millones.
La estrategia de comercialización incluirá la apertura de mercados internacionales con el respaldo del Ministerio de Comercio, Procolombia y la Agencia de Desarrollo Rural. Se espera que una parte significativa de los inventarios actuales pueda ser exportada a Venezuela y otros países vecinos.
Compras públicas y fortalecimiento del sector
El acuerdo también contempla el fortalecimiento de las compras públicas locales, permitiendo que los productores vendan su arroz a entidades estatales que lo requieran para programas sociales. Además, el Ministerio de Agricultura ofrecerá apoyo en el procesamiento de 3.000 toneladas de arroz cosechadas por pequeños y medianos productores que hayan cumplido con los procesos de caracterización exigidos.
En términos de importación, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio trabajarán en la expedición de salvaguardias para proteger la producción nacional ante la competencia extranjera.
Por su parte, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) considera establecer un convenio cooperativo con una inversión de $10.000 millones, destinado a fortalecer las capacidades comerciales, agroindustriales y agrologísticas de pequeños y medianos productores. Este apoyo buscará mejorar la competitividad del sector arrocero en mercados nacionales e internacionales.
Impacto del acuerdo en el sector arrocero
El levantamiento del paro representa un alivio para el sector arrocero y la economía en general, ya que permitirá normalizar la distribución del producto en las principales ciudades del país y evitar el incremento en los precios del grano. Además, este acuerdo sienta un precedente para futuras negociaciones entre el Gobierno y los productores agrícolas, reforzando la importancia del diálogo y la concertación para la resolución de conflictos en el sector agropecuario.
