Polémica internacional por órdenes de captura contra Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez sacude a Colombia y Guatemala
Una nueva crisis diplomática y judicial ha estallado entre Colombia y Guatemala tras la emisión de órdenes de captura contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa Iván Velásquez. Ambos son señalados por presuntas irregularidades relacionadas con el emblemático caso Odebrecht durante su paso por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La Fiscalía de Guatemala, a través de la Sala de Apelaciones, acusó a Camargo y Velásquez de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, generando un fuerte rechazo no solo en los círculos políticos y sociales de Guatemala, sino también en Colombia y en la comunidad internacional.
El gobierno colombiano, liderado por la Cancillería a cargo de Laura Sarabia, manifestó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” frente a la decisión judicial, calificándola como una medida sin sustento jurídico que atenta contra los principios básicos de la justicia internacional y la cooperación entre países. En un comunicado oficial, Bogotá insistió en la importancia de preservar la inmunidad otorgada por la ONU a los funcionarios que trabajaron en la CICIG.
Por su parte, el Ejecutivo guatemalteco, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo de León, también se sumó a las voces críticas contra su propio sistema judicial, denunciando que la orden de captura “carece de respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional” y vulnera el acuerdo suscrito con Naciones Unidas que estableció la CICIG.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, liderada en su momento por Iván Velásquez y con la participación clave de Luz Adriana Camargo, fue responsable de desmantelar más de 100 redes de corrupción entre 2014 y 2019, enfrentándose a poderosas estructuras políticas y empresariales. Su trabajo, aunque celebrado por sectores anticorrupción, también generó fuertes tensiones y resistencias internas.
En 2024, la ONU reafirmó la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG en reconocimiento a la naturaleza especial de sus labores, un argumento que hoy está en el centro del debate jurídico y diplomático tras la emisión de las órdenes de captura.
Este caso, que combina elementos de política, justicia y relaciones internacionales, podría complicar aún más las ya complejas relaciones entre ambos países y pone en entredicho la continuidad de los esfuerzos anticorrupción regionales bajo el marco de organismos multilaterales.
