BOGOTÁ: LA CAJA REGISTRADORA MÁS GRANDE DE COLOMBIA
Por: Faber Silva Mahecha
Ciudad-Peaje
Bogotá ha logrado lo que ninguna otra metrópoli en el mundo: convertir el simple acto de desplazarse en una actividad de alto riesgo financiero. Mientras los ciudadanos navegamos un océano de cráteres que la administración llama “malla vial”, la Secretaría de Movilidad ha perfeccionado un sistema de recaudo que funciona con una puntualidad suiza, algo irónico en una ciudad donde el promedio de velocidad en horas pico compite con el de una tortuga con artritis.
Hoy, ser conductor en Bogotá no es una cuestión de movilidad, es ser un contribuyente forzoso de un sistema que prioriza el balance contable sobre el bienestar social. Bienvenidos a la era de la “Movilidad de Garrote”, donde el recaudo es la meta y el ciudadano, el botín.
Foto: Secretaria de Movilidad
Las “Cámaras Salvavidas”: ¿Salvan Vidas o Salvan el Presupuesto?
Hablemos de las famosas cámaras de foto detección, ese “Gran Hermano” que nos vigila desde los postes con una voracidad insaciable. Según cifras del Concejo de Bogotá, entre 2024 y 2025 estas cámaras le metieron la mano al bolsillo a casi un millón de conductores.
El recaudo es para quedarse frío: en el bienio 2024-2025 se consolidaron $495.686 millones de pesos. Sí, leyó bien, casi medio billón de pesos generado por máquinas que no perdonan un kilómetro de exceso pero que son ciegas ante los delincuentes que roban en los semáforos bajo su lente. Lo sarcástico del asunto es que, mientras el recaudo batió récords, las muertes viales no bajaron en la misma proporción. Si el objetivo fuera salvar vidas, la inversión en infraestructura sería proporcional al recaudo, pero la realidad es que el grueso de ese dinero se queda en el mantenimiento del mismo sistema de cámaras y en la burocracia distrital. Es el negocio perfecto: la multa financia la cámara que pone la siguiente multa.
El “Ejército Azul”: Los Francotiradores del Comparendo
Pasemos a los Agentes Civiles de Tránsito, cariñosamente apodados “los azules”. En 2025, Bogotá superó la marca histórica de 720.000 comparendos en solo nueve meses. Con una fuerza de más de 570 agentes, la ciudad ha desplegado un ejército cuya misión parece ser el cumplimiento de cuotas de sanción más que la fluidez del tráfico.
Foto: Secretaria de Movilidad
Es fascinante ver cómo tres agentes azules pueden estar concentrados en una esquina poniéndole un comparendo a un camión de reparto, mientras a media cuadra el cruce es un caos absoluto y nadie regula. Cada agente es, en la práctica, una unidad productiva de ingresos. Si dividimos el recaudo proyectado por el número de agentes, cada uno de ellos es más rentable para la ciudad que una sucursal bancaria. La administración se jacta de “recuperar el orden”, pero lo que realmente están recuperando es la cartera, enfocándose en infracciones de “escritorio” mientras las entradas y salidas de la ciudad son un nudo ciego de negligencia operativa.
Embargos Arbitrarios: El Secuestro de la Supervivencia
Aquí es donde el sarcasmo se convierte en indignación. La Secretaría de Movilidad ha iniciado una cacería de brujas financiera, ordenando embargos masivos a más de 80.000 conductores. Lo hacen bajo la premisa del “cobro coactivo”, un término elegante para decir que te quitan el dinero de la cuenta sin preguntarte si tienes para el mercado o el arriendo.
Lo más grave es la arbitrariedad total. La administración lanza el embargo de forma automática, sin realizar una mínima validación del estado socioeconómico del infractor. Para la Secretaría, da lo mismo embargar a un alto ejecutivo que a un repartidor cuya moto es su único medio de vida. No hay un criterio de “mínimo vital”. Simplemente bloquean cuentas y, si el ciudadano paga, el calvario apenas empieza: el proceso de desembargo puede tardar hasta 15 días hábiles (en teoría, porque en la práctica son meses) para que el banco libere los fondos. Es un “secuestro” institucional de los ahorros del ciudadano bajo el pretexto de una infracción que, en muchos casos, ni siquiera fue notificada debidamente.
La Distribución del Botín: ¿Dónde está la Plata?
Para el 2026, el presupuesto asignado a Movilidad es de $9.2 billones de pesos, la tajada más grande del presupuesto distrital (22.7%). Uno pensaría que con semejante montaña de dinero y el medio billón extra que aportan las cámaras, las calles de Bogotá deberían parecerse a las de Mónaco.
Pero no. Gran parte de esos recursos están amarrados a las megaobras del Metro y Transmilenio, mientras que la “malla vial intermedia” (la que rompe las suspensiones de nuestros carros) sigue en cuidados intensivos. Lo que el ciudadano ve es una gestión de “embudo”: ancho para recaudar a través de tecnología de punta y agentes implacables, pero estrecho para arreglar un semáforo dañado o tapar un hueco que lleva meses con un neumático viejo adentro como “señalización”.
El Ciudadano como Cliente, no como Habitante
Bogotá ha perfeccionado un modelo donde el conductor es visto como un cliente moroso al que hay que exprimir. La administración actual sigue la línea de sus antecesores, pero con esteroides tecnológicos. No se trata de educación vial; si educaran, el recaudo bajaría, y eso es lo último que quiere una entidad que necesita financiar su propia burocracia.
Es hora de que la Secretaría de Movilidad deje de mirar el mapa de Bogotá como un tablero de Monopoly y empiece a verlo como una ciudad donde vive gente que trabaja, que sufre el tráfico y que merece respeto a su debido proceso financiero. Mientras sigan embargando sin mirar el bolsillo y multando sin arreglar las calles, sus “Cámaras Salvavidas” solo seguirán salvando una cosa: el balance de ingresos de la Alcaldía.
