El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 revela un panorama preocupante para el país.
Colombia sigue enfrentando serios desafíos en la lucha contra la corrupción, con pocos avances significativos y una percepción pública cada vez más negativa. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado por Transparencia Internacional, el país obtuvo 39 puntos sobre 100, cayendo cinco puestos en el ranking global y ubicándose en la posición 92 de 180 países evaluados. Este resultado evidencia un estancamiento en los esfuerzos por combatir este flagelo, situando a Colombia lejos de los países con mejores prácticas en transparencia.
Colombia en el contexto global y regional
El IPC de Transparencia Internacional evalúa la corrupción en el sector público con una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente). A nivel mundial, los países con mejor desempeño son Dinamarca (90), Finlandia (88), Singapur (84) y Nueva Zelanda (83). En contraste, los más afectados por la corrupción son Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (8), que ocupa el último lugar.
En América Latina, el promedio regional es de 42 puntos, con 21 de 32 países evaluados sin lograr superar la barrera de los 50 puntos, lo que indica altos niveles de corrupción. En comparación con sus vecinos, Colombia se encuentra por debajo de Uruguay (76) pero por encima de Argentina (37), Brasil (34), Ecuador (32) y Perú (31).
En cuanto a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo promedio fue de 65 puntos, Colombia se encuentra entre los países con peores resultados, solo por delante de México (26) y Turquía (34).
Retrocesos y falta de avances concretos
El resultado de Colombia en el IPC 2024 muestra una preocupante tendencia a la baja. En 2023, el país alcanzó 40 puntos, su mejor calificación en más de una década, ubicándose en el puesto 87 del ranking global. Sin embargo, en la última medición, volvió a descender a 39 puntos, un puntaje que ha mantenido en varios años anteriores (2022, 2021 y 2020).
Desde 2012, Colombia no ha logrado superar la barrera de los 40 puntos, reflejando la persistencia de problemas estructurales de corrupción en el país. Transparencia por Colombia señaló que, a pesar de los compromisos expresados por la administración del presidente Gustavo Petro, la lucha contra la corrupción no ha sido una prioridad clara. Por el contrario, el Gobierno ha estado marcado por escándalos y cuestionamientos, algunos de ellos relacionados con su círculo más cercano.
Recientemente, la crisis política se profundizó con la renuncia irrevocable de ministros clave como Susana Muhamad, Gloria Inés Ramírez y Juan David Correa, en protesta por el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho, advirtiendo sobre los “riesgos políticos y jurídicos” de dicha decisión.
Perspectivas para 2025: riesgos y retos
De cara al futuro, Transparencia por Colombia advierte que la corrupción seguirá siendo un tema central en la agenda pública por dos factores clave:
- Investigaciones en curso sobre grandes escándalos de corrupción, cuyos resultados podrían tener un impacto en la estabilidad política del país.
- La campaña electoral, donde el aumento de prácticas clientelistas y transacciones políticas podría elevar los riesgos de corrupción en la asignación de recursos y ejecución del presupuesto.
Un punto crítico será la discusión en el Congreso sobre la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que definirá la distribución de recursos entre la nación y los territorios. Transparencia Internacional ha enfatizado que este proceso debe estar blindado contra la corrupción, pues históricamente ha sido un foco de irregularidades en la gestión de fondos públicos.
Recomendaciones para combatir la corrupción
Ante este panorama, expertos y organizaciones han planteado diversas medidas urgentes para enfrentar la corrupción en Colombia:
- Acelerar la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en diciembre de 2024.
- Fortalecer la independencia de los órganos de control, especialmente de la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach, quien debe demostrar su compromiso con la transparencia y efectividad en casos clave.
- Impulsar una mayor rendición de cuentas y participación ciudadana, promoviendo el acceso a la información y la vigilancia sobre la gestión de los recursos públicos.
Corrupción en Colombia: un problema estructural
El director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, enfatizó que el país necesita un cambio de enfoque para enfrentar la corrupción de manera efectiva:
“Si queremos avanzar hacia un país más justo, debemos priorizar el fortalecimiento de las instituciones y la protección de los recursos públicos. No se trata solo de combatir la corrupción, sino de construir confianza y devolverle a la ciudadanía la certeza de que sus derechos están en el centro de la gestión pública”.
Por su parte, el analista político Jaime Duarte destacó que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes:
“El gobierno y las instituciones deben reforzar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, pasando del discurso a la acción y evitando confundir transparencia con espectáculo o exhibición”.
Finalmente, el experto en políticas públicas Eduardo Piñeros recordó que la corrupción en Colombia no es un problema exclusivo del gobierno central, sino un fenómeno estructural que afecta a todos los niveles del Estado.
“Casos como los carrotanques de la UNGRD, el Cartel de la Toga y Odebrecht demuestran que la corrupción involucra a funcionarios de distintas ramas del poder, desde el Congreso hasta las Cortes y las entidades territoriales. Es un problema político y cultural que requiere una respuesta articulada entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado”.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 confirma que Colombia sigue sin avanzar en esta lucha, y que la falta de acciones contundentes podría agravar aún más la crisis de confianza en las instituciones. Con un escenario electoral próximo y reformas clave en juego, el país enfrenta un reto urgente: pasar del discurso a medidas concretas que logren frenar la corrupción y fortalecer la transparencia en la gestión pública.
