Dos operaciones militares de las fuerzas de Estados Unidos llevadas a cabo en menos de 24 horas y en aguas del océano Pacífico han marcado un nuevo capítulo en la ofensiva contra el narcotráfico, y no sólo por el número de víctimas al menos cinco personas muertas—, sino porque uno de los ataques se realizó frente a las costas de Colombia, y fue anunciado por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Los hechos precipitan un serio choque diplomático entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, que ya se encontraba en un momento de tensión por las operaciones navales en la región caribeña.

Primer ataque en el Pacífico

Según el Pentágono, primero se bombardeó una embarcación el martes que “se desplazaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental” y que viajaba en aguas internacionales, con resultado de dos hombres muertos.
Horas más tarde se registró otro ataque similar, esta vez con tres víctimas mortales, lo que elevó a al menos nueve las operaciones de este tipo desde septiembre.

En sus comunicados, Hegseth sostuvo que los objetivos eran “operados por una organización designada como terrorista” y que la acción se enmarca en una estrategia de “narco-terroristas” que azotan a la frontera estadounidense. Además, divulgó en redes un video en el que se ve el momento de la explosión de la embarcación.

¿Por qué el cambio de escenario al Pacífico?

Hasta ahora, todas las operaciones letales reconocidas por Washington se habían realizado en el Mar Caribe. El giro hacia el Pacífico no es fortuito: según expertos, esa ruta marítima —con origen mayormente en Colombia, Ecuador y México constituye la principal vía de tráfico de estupefacientes hacia EE.UU., mucho más que el Caribe.
Con esto, la campaña de Washington pasa a un nuevo escenario, lo que abre interrogantes sobre su alcance, legalidad y repercusiones regionales.

Escalada diplomática y acusaciones cruzadas

El presidente Petro reaccionó de inmediato, calificando los bombardeos como “asesinato” y denunciando violaciones de la soberanía colombiana: “Ya sea en el Caribe o en el Pacífico, la estrategia del gobierno de EE.UU. incumple normas de derecho internacional”, dijo.
Por su parte, Trump llamó al líder colombiano “matón” y lo acusó de estar ligado al narcotráfico, anunciando el cese inmediato de toda ayuda de Estados Unidos a Colombia y amenazas de imponer aranceles de castigo.

Este enfrentamiento diplomático se produce en paralelo a la declaración de EE.UU. de que se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga, algo que ha generado críticas de senadores de ambos partidos y organizaciones humanitarias.

Cuestiones legales y de derechos humanos

La campaña militar de EE.UU. —que hasta ahora deja al menos 37 muertos y dos sobrevivientes repatriados— ha sido identificada por analistas como una zona gris del derecho internacional. Las dudas giran en torno a la falta de presentación de pruebas públicas sobre los vínculos de los blancos con el narcotráfico, la calificación de los traficantes como “combatientes”, y la ejecución de ataques sin juicio previo.
Organismos de derechos humanos sostienen que podrían tratarse de ejecuciones extrajudiciales, una conclusión que podría exacerbar la tensión entre Washington y sus socios latinoamericanos.

¿Qué está en juego?

Para Estados Unidos, la operación representa un esfuerzo expreso por frenar el flujo de drogas que causa miles de muertes por sobredosis en su territorio, y también una señal de que está dispuesto a utilizar la fuerza militar fuera de su zona tradicional de operaciones.
Para Colombia —y en particular para el gobierno de Gustavo Petro—, la acción abre un conflicto de soberanía, política exterior y reputación interna: recibir acusaciones de complicidad en narcotráfico por parte del presidente de EE.UU. es una grave afrenta, mientras que haber sido objeto de ataques sin coordinación bilateral resulta una humillación diplomática.

Próximos pasos y riesgos

• El gobierno de Colombia ya anunció que está evaluando su posición ante estos hechos, y podría llevar el caso a instancias internacionales de derechos humanos.

• En el Congreso de EE.UU., se ha elevado la presión para que la administración de Trump rinda cuentas sobre la base legal de los ataques.

• No se descarta que Washington amplíe la campaña hacia operaciones terrestres en países como Venezuela, algo que Trump mismo ha insinuado.

• La escalada podría contagiarse a otros países de la región, generando resistencia o alianzas opuestas al despliegue estadounidense.

Este episodio marca sin duda un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico en Latinoamérica, al pasar de interceptaciones navales a bombardeos letales, y al cambiar el escenario hacia el Pacífico. Ahora bien: ¿a qué costo institucional y diplomático? Esa será la pregunta que varios gobiernos, analistas y organismos de derechos humanos estarán pendientes de responder.