El pulso por el orden público y la seguridad nacional alcanza un punto crucial tras la implementación del nuevo decreto expedido por el Ejecutivo para regular la protesta social y blindar las vías estratégicas del país.
Con zonas de especial atención en el suroccidente —como el Valle del Cauca, Cauca y Nariño—, el Gobierno nacional ha dejado claro que, si bien se garantiza el derecho a la manifestación pacífica, no se tolerarán bloqueos ni actos de vandalismo urbano.
La medida, coordinada a través de puestos de mando unificado y estrictos protocolos de actuación con la Policía y las Fuerzas Militares, busca frenar la parálisis de corredores viales esenciales y judicializar de manera contundente cualquier alteración a la infraestructura pública, marcando un nuevo capítulo en la doctrina de autoridad institucional frente a la agitación social.