El Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, H. Gabriel Rondón Olave, bajo el direccionamiento del Ministro del Interior, Armando Benedetti, lideró la mesa de trabajo para la construcción del acta de acuerdos entre el gobierno Nacional y la movilización nacional “Aquí en la lucha, transformamos”. 

“A diferencia de otros gobiernos, abordamos la movilización social con diálogo y concertación, no con violencia ni estigmatización”, afirmó el viceministro.

Durante la jornada, se reconoció el carácter legítimo de la protesta social pacífica, como un derecho humano amparado por la Constitución, y se ratificó el compromiso del Gobierno de “respetar la movilización social, evitar su estigmatización y promover escenarios de concertación que permitan soluciones reales a las demandas ciudadanas”.

El acuerdo contempla una agenda nacional de trabajo que inicia el 20 de octubre, con mesas territoriales y temáticas sobre reforma urbana, vivienda, derechos étnicos, educación, ambiente y política minero-energética, entre otros temas estructurales. Estas comisiones estarán acompañadas por el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales garantes de derechos humanos.

El Gobierno Nacional reiteró su llamado a las comunidades movilizadas a mantener canales de diálogo abiertos y a flexibilizar las acciones de protesta para no afectar el tránsito de bienes esenciales. Así mismo insta a que las protestas se desarrollen de forma pacífica, sin atentar contra la integridad de los miembros de la fuerza pública ni de los funcionarios públicos, pues estos hechos deslegitiman la protesta, convirtiéndola en acciones violentas que generan zozobra en la sociedad que no participa de la manifestación.

Con la firma del acta, las organizaciones sociales se comprometieron al retiro progresivo de los puntos de concentración en diferentes regiones del país y a la entrega de las sedes de entidades públicas en Bogotá, lo cual se realizará entre la noche del 17 de octubre y la mañana del siguiente día; es un proceso acompañado por la Defensoría del Pueblo y verificado por las instituciones competentes.

El Ministerio del Interior reafirma su disposición permanente al diálogo social, como la vía legítima para la construcción de una paz total en todo el territorio nacional.

Tomado de Min Interior