El tablero político y de seguridad en Colombia dio un vuelco histórico en las últimas horas tras la oficialización del decreto que desmonta por completo los restos de la política de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La decisión del Ejecutivo marca una ruptura absoluta con las negociaciones del pasado, endureciendo la postura del Estado frente a las estructuras armadas.
La medida llega en medio de una creciente tensión nacional avivada por los recientes atentados con drones explosivos perpetrados por la guerrilla contra bases militares en regiones estratégicas como el Catatumbo, acciones que cobraron la vida de varios uniformados y encendieron las alarmas de la cúpula de defensa. Ante esto, el Gobierno central ratificó que la única vía que contemplan las instituciones para los grupos al margen de la ley es el sometimiento incondicional a la justicia, acompañada de una ofensiva militar y fiscal sin tregua que ya empieza a golpear las finanzas y las cabecillas de esta organización criminal en todo el territorio nacional.
Claves del giro en la política de seguridad
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Fin de los negociadores: Mediante la firma de resoluciones oficiales, el Gobierno revocó formalmente la designación de los delegados y miembros que integraban la mesa de diálogos con el ELN, sepultando definitivamente el modelo de paz anterior.
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Respuesta a los atentados: La ofensiva militar se intensificó drásticamente en zonas como Norte de Santander, tras el rechazo rotundo de la Casa de Nariño a los ataques sistemáticos con drones artillados contra la Fuerza Pública.
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Golpes contundentes: En paralelo a la ruptura política, las autoridades han reportado capturas clave de cabecillas logísticos y la destrucción de laboratorios ilegales destinados a financiar las operaciones armadas del grupo insurgente.