La consulta popular por decreto entra en pausa: Registraduría congela el proceso y eleva el caso a las altas cortes

El registrador Hernán Penagos solicitó a las máximas autoridades judiciales del país pronunciarse sobre la legalidad del decreto presidencial que convoca a una consulta popular. Mientras tanto, el proceso queda suspendido.

En una decisión de alto calibre institucional, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció este martes 17 de junio que no avanzará con los trámites logísticos ni jurídicos para organizar la consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional a través de decreto. Según explicó el registrador Hernán Penagos, el organismo electoral ha decidido remitir el caso a las altas cortes, a fin de que se pronuncien sobre la viabilidad legal del mecanismo, cuya legitimidad ha sido cuestionada desde el Senado y por distintos sectores del país.

“Hay un problema jurídico de talla mayor. No se trata solo de una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y, si se quiere, la democracia misma”, advirtió Penagos.

¿Por qué se congela el proceso?

El núcleo de la controversia está en el trámite legislativo. Mientras el Gobierno sostiene que el Senado no votó de forma válida y que hubo irregularidades en el proceso (como cambios en el sentido del voto o ausencia de proposición formal), desde la Secretaría del Senado se certificó que el mecanismo fue negado por la plenaria. Esa colisión de versiones ha generado un ambiente de inseguridad jurídica.

En consecuencia, la Registraduría no tomará partido ni continuará con la preparación logística —que incluiría una inversión de más de $750.000 millones— hasta que las cortes resuelvan el conflicto constitucional.

Acciones institucionales del registrador

El registrador anunció una serie de medidas institucionales que incluye:

• Solicitud de concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

• Remisión del caso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

• Comunicación oficial a la Procuraduría General de la Nación.

• Petición expresa a las altas cortes para que se pronuncien “ágil y oportunamente”.

Penagos recalcó que la Registraduría Nacional es un órgano autónomo y sin superior funcional, tal como lo reconoce la Corte Constitucional, lo que le permite actuar con independencia frente al Ejecutivo, Legislativo y demás poderes.

¿Se alcanzaría a hacer la consulta el 7 de agosto?

Aunque el Gobierno mantiene su intención de celebrar la consulta popular el próximo 7 de agosto, el registrador fue enfático: “Materialmente no es posible”. Explicó que el proceso requiere mínimo tres meses de preparación, conforme a la Constitución y la ley, para garantizar un proceso limpio, confiable y con garantías logísticas suficientes.

Una consulta congelada… y una democracia en vilo

El anuncio marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y los organismos de control electoral y jurídico. La decisión de la Registraduría abre la puerta para un pronunciamiento definitivo de las cortes, que será clave para definir si el decreto presidencial es constitucional o si el Congreso tiene la última palabra en este tipo de mecanismos de participación directa.

Mientras tanto, la consulta popular —que busca poner en consideración del pueblo temas fundamentales del modelo de país— queda en pausa. Y con ella, también el debate sobre los límites del poder presidencial, el alcance de la participación ciudadana y la solidez del sistema institucional colombiano.