Por: Kenda Lucia Caldera Garavito.

Hace algunos días, este medio de comunicación tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, recientemente posesionado en esta honorable corporación: el Magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito. Él afirma que llegó a este cargo por mérito propio, luego de haberse postulado en varias ocasiones para formar parte de este cuerpo colegiado sin éxito. Sin embargo, decidió intentarlo nuevamente con la ilusión de cumplir un sueño más en su carrera profesional. Enfatiza que nunca hizo gestiones en la Corte buscando apoyo para su elección, ni invitó a nadie a tomarse aunque fuera un solo tinto, y mucho menos estableció alianzas para alcanzar esa alta dignidad. De hecho, con gran emoción relata que, al momento de ser elegido como magistrado, se encontraba fuera del país, ya que su vocación y amor por la docencia lo habían llevado a dictar una conferencia en la Ciudad de México. Sabía que ese día se definiría en la Corte si sería elegido o no, por lo que, naturalmente nervioso, se encomendó a Dios y fue a dar su conferencia. Cuando recibió la llamada en la que se le informaba que había sido nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no podía creerlo. Expresa que se emocionó enormemente, y al finalizar su conferencia tomó un taxi y pidió al conductor que lo llevara a la Basílica de Guadalupe. En medio de la fe que profesa por la patrona de los mexicanos, quiso agradecer primero a Dios y a la Virgen de Guadalupe por haberle concedido ese milagro.
El Magistrado Solórzano tomó posesión de su cargo el pasado 19 de junio de 2023. Nos recibió amablemente en su despacho, donde tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre diversos temas de actualidad. Nos contó que se desempeñó como abogado litigante, actividad que alternaba con la docencia universitaria, y que durante aproximadamente once años también ejerció como conjuez de la Corte Suprema de Justicia.
Sin lugar a dudas, la impresión que deja es la de un ser humano humilde, muy cordial, accesible, honesto, amable y sereno, a quien el ego no ha afectado a pesar del importante cargo que ostenta y lo que representa en el ámbito judicial. A continuación, les presentamos los temas que se desarrollaron durante esta entrevista.

¿Qué ha sido lo más difícil para usted durante todo este tiempo en el que se ha desempeñado como magistrado?
Yo creo que más que hablar de lo difícil es un poco adaptarse al proceso de cambio de rol. Tengo que decir que yo, todos los días me gozo la magistratura, hago parte de una sala que la puedo catalogar como maravillosa, conformada hasta el momento por ocho magistrados, siete hombres y la doctora Myriam Ávila. Se trabaja de forma muy homogénea; los proyectos en la sala se discuten con mucha profundidad, pero con una altura y con un respeto por el pensamiento del compañero, que de lo que yo conozco en la historia de la Corte, creo que es la homogeneidad que tiene esta sala. Creo que no la ha tenido ninguna sala en la historia de la Corte Suprema, es decir, en el sentido de trabajo en equipo. Seguramente han existido salas muy importantes, pero tengo la claridad que esta es una sala muy, muy especial.

¿Y todos los magistrados que conforman la sala penal fueron elegidos al mismo tiempo?
No, el periodo constitucional es de ocho años y se van eligiendo los magistrados en la medida en que haya un magistrado que cumpla con su periodo constitucional. De hecho, después del nombramiento mío, se han posesionado dos magistrados más. En este momento somos ocho magistrados, todos son unas personas con unas calidades humanas y jurídicas muy altas.

¿A usted le gusta hablar de política o se declara impedido?
¡No! Es decir, tengo una condición normal como cualquier ciudadano, pero nunca he participado en ningún cargo político, ni he pertenecido a ningún partido político. Y cuando he elegido, he elegido pensando en que la persona por la que voto puede ser la mejor posibilidad de acuerdo a mi conciencia para los cargos de elección popular.

¿Y con respecto al gobierno actual qué posición tiene usted?
¡No! La posición básicamente de la Corte, con una independencia de poderes, donde nosotros básicamente cumplimos con nuestra función y nada más.

¿Y hace tres meses, para la elección de Fiscal General que se presentó esa manifestación en frente de la Corte, cómo lo vivieron ustedes acá?
A mí particularmente me dolió y tengo que decir muy claramente, me dolió porque eso recordó lo que había pasado, los hechos del Palacio de Justicia donde murieron, fueron inmolados varios magistrados de la Corte. Aquí donde estamos en este momento conversando, en este Palacio de Justicia, murieron inmolados varios magistrados de la Corte. Y tengo que decirlo claramente, vi carteles que hacían referencia al movimiento que se había tomado el Palacio de Justicia, eso a mí personalmente me dolió, pero pues más allá de eso, no. Nosotros tenemos claro que tenemos que actuar en derecho y la Corte, pues en su sabiduría, tomará las decisiones. En ese momento era para la elección de Fiscal General y se eligió a la actual Fiscal General de la Nación en un proceso de elección que fue relativamente rápido, diría yo. Históricamente han existido procesos más demorados, este fue un proceso relativamente rápido.

¿En algún momento, cuando usted dice que veía pancartas del movimiento que se tomó?
¡El M-19, para hablar con absoluta claridad!
¿Se sintieron en algún momento en riesgo, sintieron que sus vidas podrían estar en peligro?
No me atrevería a decir eso, pero sí hubo una presión que fue molesta. El problema es que cuando existen esas manifestaciones, que uno sabe, porque trataron de ingresar al Palacio, que puede pasar, estaba tranquilo. Estuvimos aquí, los magistrados esperando a que se bajaran los ánimos y poder salir, pero pues no es la forma como se puede esperar. Uno esperaría simplemente que en ese tipo de cosas se den los cursos formales.
Hay magistrados que han dicho en los diferentes medios de comunicación que se sintieron como secuestrados acá en las oficinas.
¡No! No tuvimos la libertad para salir, pero yo lo dejaría en esos términos. Entendemos que son procesos que son normales, que se pueden presentar, esperemos que no haya ese tipo de circunstancias, pero bueno, es un hecho que ya pasó.

¿Es una Corte absolutamente independiente?
Yo tengo claridad que sí, porque es una corte independiente y que trabaja en punto de tomar en cada caso las decisiones más justas, más adecuadas y más ponderadas.

Por otro lado, nosotros queríamos hablar en esta entrevista de la transparencia de la información pública, en ese orden de ideas yo le quisiera preguntar, ¿cómo se fundamenta en la constitución y en la ley 1712 de 2014 el derecho de los ciudadanos a conocer la legislación del país y su obligación de cumplirla?
Las entidades públicas tienen la obligación de entregar la información. En el caso de lo que nos corresponde a nosotros, la Sala de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia hacen públicas sus decisiones. De hecho, cuando la Sala de Casación Penal dicta una sentencia de casación o de impugnación especial, nosotros hacemos lectura de la sentencia y todas las personas pueden acceder a la información, toda la información es pública. Solamente hay una narrativa y hay algo que normalmente las personas no conocen mucho que es lo que se llama la anonimización. Esto sucede cuando ha habido una sentencia condenatoria y ya se cumplió. O sea, la persona tiene una pena y en los registros de la Corte se actualiza, en la medida de la solicitud, los nombres de las personas cuando han cumplido la pena. La sentencia obviamente queda, pero para efectos del nombre de las personas, porque eso puede terminar afectando. Nosotros no podemos controlar que la decisión no sea conocida, pero eso es solamente cuando ya se ha cumplido la condena.

¿Es algo parecido a lo que se hace en las audiencias, en los casos que tienen que ver con los menores de edad?
¡No! Eso es distinto. En los casos que tienen que ver con menores de edad, por un lado, las audiencias pueden ser reservadas, en cuanto a la protección de los derechos de los menores de edad, y cuando se dicta sentencia y hay un menor de edad, básicamente ese menor se identifica con las iniciales de su nombre. Hoy, por ejemplo, yo leí una sentencia dictada por la Sala, pero con ponencia mía en un tema de un abuso sexual que involucraba a un menor de edad. Entonces, al proyectar, se colocan solo las iniciales. Pero eso es en el caso de los menores de edad. En la anonimización, se retira en los registros públicos. Dice la Corte: una vez la sentencia ha quedado en firme y la persona haya cumplido la pena, es uno de los requisitos; la persona ya queda anonimizada.

¿Se puede decir que desde que se creó la Corte Constitucional en 1991 y se empezaron a proferir sentencias, aproximadamente cuántas sentencias se han proferido?
No soy magistrado de la Corte Constitucional, no tengo ese dato. Pero hay que recordar que antes de que se creara la Constitución de 1991 y de que se creara la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia tenía una Sala Constitucional y todo el tema de las decisiones de constitucionalidad le correspondía a la Corte Suprema. Imagínese desde 1991 a la fecha, la Corte Constitucional ha sacado muchísimas sentencias, sentencias de constitucionalidad, sentencias de tutela, es una gran cantidad.

¿La Sala Penal, en promedio, cuántas decisiones ha sacado?
Es un número inmenso de sentencias. De hecho, la Sala de Casación Penal sesiona en todo momento, entonces de allí salen un número importante de decisiones. Cada magistrado lleva en promedio ocho proyectos y a veces puede llevarse más. Lógicamente esos proyectos se aprueban, entonces es un gran número importante.

¿Se podría decir que toda esa información está sistematizada?
Todo está sistematizado, las personas tienen acceso a las decisiones que se han tomado y se entiende tomada la decisión cuando es suscrita por los magistrados. Además de las decisiones de tutela, que son distintas, la Sala de Casación Penal tiene tres salas de tutela, donde tres magistrados hacemos salas para decidir más o menos cincuenta o sesenta sentencias semanales por sala. Estoy hablando de la Sala Penal, no de la Sala de Casación Civil ni de la Sala de Casación Laboral, que tienen otra labor importante.
¿Se puede decir que, si un ciudadano le pide a la Corte que le entregue en un archivo digital todas esas sentencias, se las podrían entregar?
Además, está la labor de la relatoría. Las páginas de la Corte, esa es una información pública, totalmente pública.

¿Teniendo en cuenta la ley 1712 de 2014, qué principios de transparencia y participación ciudadana se encuentran vinculados con el acceso a la información jurídica?
Primero, el principio de publicidad, la obligación que tienen las entidades de entregar la información que sea de naturaleza pública, que no sea de naturaleza reservada. Los ciudadanos pueden pedirlas a través de derechos de petición y las entidades tienen la obligación de entregar la información correspondiente. Hay informaciones que pueden ser reservadas, por ejemplo, la información que puede tener la Fiscalía en razón de sus investigaciones, pero en principio, la información general tiene acceso, en la medida en la que no haya restricciones.

¿Si un ciudadano, solicita en formato digital el paquete legislativo de la República, existe algún impedimento legal para negar esta solicitud?
Pues en principio tendría que acudir al Congreso de la República, es ahí donde se expiden las leyes, además cuando la ley expedida ya ha sido publicada, tiene que ser pública para que las personas tienen que conocerla para que le puedan dar cumplimiento. Entonces no pueden existir restricciones de esa naturaleza.

¿En el ámbito jurídico, esa información con respecto a las providencias, esa información, se le solicitaría a quién?
A las relatorías de la sala de casación civil, en la sala de casación penal, de la sala de casación laboral, pero además la Corte Suprema de Justicia tiene en sus páginas. Incluso en el proceso de dar a conocer la pedagogía del conocimiento de las decisiones, se hacen hasta videos. La misma corte puede tener, a través de TikTok, ilustraciones de las decisiones cuando estas tienen algún componente de importancia o son temas más sensibles. Tanto en la sala civil como en la laboral y penal, están los boletines jurisprudenciales. La posibilidad de que las personas tengan acceso a la información es completa, además con mucha rapidez. Yo no soy muy amigo de las redes sociales, no tengo ninguna, procuro estar ajeno a eso, pero a veces uno se entera que las decisiones acaban de ser publicadas y son comentadas para bien o para mal, lo cual es lógico. Entonces, las personas tienen muchísimas posibilidades de acceso a la información.

¿Una persona que esté en el lugar más remoto de Colombia puede?
¡Sí! Perfectamente acceder a la información, a través de la página web de la Corte, puede tener acceso a la información.

¿Pero no podría decir es que desconocía la existencia de esa norma?
Pues hoy es mucho más fácil, las nuevas generaciones tienen muchas más posibilidades de acceso a la información que la que yo pude haber tenido, porque en su momento ni siquiera había computadoras. Hoy la información se recibe al segundo, entonces puede que la persona no la conozca, pero que tiene acceso, lo tiene. Y uno lo observa todos los días por los buscadores que existen, a través de las páginas pueden acceder a la información, entonces, decir que no tienen posibilidad de acceder a la información creo que es casi imposible.
¿Qué limitaciones legales, si existen, se aplican a la solicitud de jurisprudencias emitidas por las tres cortes superiores del país?
En principio ninguna, las decisiones son públicas. Pueden existir algunos temas puntuales, más reservados como ya lo señalaba, pero las decisiones son públicas, o sea cuando ya se ha tomado una decisión, son públicas. De hecho, se conocen entre otras por una razón fundamental que es importante tener en cuenta: la sala de casación penal unifica jurisprudencia en materia penal, digamos criterios de interpretación que tienen que ser conocidos por los jueces. Entonces, para que los jueces puedan conocer esos criterios de interpretación, tienen que conocer las decisiones.

¿Qué entidad sería responsable de facilitar esta información?
Cada entidad, dependiendo de la información que maneje, será la responsable. Hablo concretamente de la Corte Suprema. Hay una oficina de comunicaciones, de relatoría y a través de ellos se puede acceder a la información.

¿De qué manera el estado asegura que el acceso a la información jurídica, sea accesible para las personas con discapacidades o con limitaciones tecnológicas?
En algunos casos, tiene que existir la obligación de que se pueda acceder a la información y de hecho a cualquier persona que solicita información se le tiene que facilitar. Cada vez hay más posibilidades de acceso a la información y las entidades se tienen que ir adaptando.

¿Si en algún momento, una persona con alguna discapacidad visual llegara a cometer un delito, alguna vez la Corte ha dictado un fallo en lenguaje inclusivo como por ejemplo el Braille?
No estaría seguro, no me atrevería a hacer una afirmación categórica, pero a esa persona habría que comunicarle la decisión en las condiciones en que la pueda entender. Incluso en los procesos penales, cuando una persona está siendo investigada y no maneja el idioma español, sino que maneja por ejemplo el albanés o el chino, tiene que tener un traductor para que se pueda defender. Hay que garantizarle en primer lugar que la persona que está siendo investigada pueda entender las decisiones. Una cosa es la persona investigada y otra cosa es el público en general, pero al primero que hay que garantizarle ese derecho es a la persona que está siendo investigada.

¿Cómo se puede promover, según el artículo 95 de la Constitución, la responsabilidad ciudadana de conocer y cumplir con la legislación vigente?
A través de los medios de comunicación, de las campañas que realiza el estado. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que promueve la defensa de los derechos humanos, tiene la obligación de que las personas puedan conocer todo lo que es el marco de sus derechos.