
Petro propone papeleta para Asamblea Constituyente en 2026 y desata tormenta política en Colombia
Anuncio tras reforma laboral
El presidente Gustavo Petro anunció este viernes 20 de junio que en las próximas elecciones legislativas de marzo de 2026 se entregará una papeleta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El anuncio fue hecho tras la aprobación de la conciliación de la reforma laboral en el Congreso, la cual quedó lista para sanción presidencial.
“El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo quienes están con él, quienes lo abofetean y condenan, quienes prohíben que hable. Ahora ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey: en las urnas”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter), donde también confirmó que retirará el decreto de consulta popular firmado previamente y suspendido por el Consejo de Estado.
Un antecedente histórico: la Séptima Papeleta
Petro remitió su propuesta al antecedente de la Séptima Papeleta, la iniciativa ciudadana que a finales de los años 80 dio paso a la Asamblea Constituyente de 1991. Aquella papeleta no fue reconocida oficialmente en su momento, pero movilizó el respaldo de millones de colombianos, llevando al entonces presidente Virgilio Barco a decretar un plebiscito constitucional que derivó en la redacción de la actual Constitución.
Ahora, el jefe de Estado plantea repetir el mecanismo para abrir paso a un nuevo modelo institucional que garantice un “Estado social de derecho, justicia social, democracia profunda y paz”.
Reacciones de la oposición: rechazo rotundo y advertencias jurídicas
El anuncio generó una ola de reacciones inmediatas desde los sectores de oposición. Efraín Cepeda, presidente del Senado, calificó la idea como “un atajo a la democracia”. Afirmó que la Constitución exige que cualquier convocatoria a una Asamblea Constituyente pase por el Congreso de la República.
La senadora María Fernanda Cabal fue más dura: “Petro no sueñe con intentos de golpe de Estado. Esta absurda propuesta de convocar una Asamblea Constituyente por medio de una papeleta en elecciones no es más que un intento más de eludir la Constitución y concentrar poder”.
Por su parte, Paloma Valencia recordó que la Constitución de 1991 ya establece mecanismos claros para una convocatoria de este tipo. “Los que reciban esa papeleta tienen que romperla, para decirle a Colombia que aquí defendemos nuestras instituciones. Colombia no va a ser Venezuela”, afirmó.
Incluso el expresidente Iván Duque arremetió contra el mandatario: “No más ‘decretazos’, ‘cabildos’ y ‘constituyentes populares’ para amenazar a las instituciones. No más abusos de poder: las instituciones se hacen respetar”.
El oficialismo celebra reforma laboral y guarda silencio sobre la papeleta
Mientras tanto, desde el Pacto Histórico, la bancada oficialista, no se han producido pronunciamientos sobre la papeleta constituyente. En cambio, han centrado su mensaje en la celebración de la aprobación de la reforma laboral, un proyecto bandera del presidente Petro.
María José Pizarro destacó el logro legislativo: “Hemos cumplido. La bancada del Pacto Histórico le cumple al pueblo trabajador que exigió en las urnas y en las calles la dignificación del trabajo”.
Mafe Carrascal también celebró: “¡Misión cumplida, presidente @petrogustavo! Gracias por confiarme esta responsabilidad histórica que hará parte de su legado”.
Un proceso sin detalles claros
Hasta el momento, el Gobierno no ha revelado la estructura de la papeleta ni los temas específicos que contemplaría una eventual nueva Constitución. Se espera que en los próximos meses se entreguen detalles sobre el alcance de la convocatoria.
También está por determinarse si el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría o las altas cortes se pronunciarán sobre la legalidad de incluir una papeleta extraoficial en las elecciones de 2026.
Conclusión: más incertidumbre institucional
La propuesta de Petro, aunque simbólica, ha encendido un nuevo foco de tensión institucional. Mientras el presidente insiste en que el pueblo tiene derecho a expresarse en las urnas, la oposición teme un retroceso en la institucionalidad y un intento por acumular poder al margen de los cauces democráticos establecidos por la Constitución de 1991.
La discusión apenas comienza y el desenlace dependerá de las decisiones que adopten el Congreso, la Corte Constitucional y, eventualmente, los ciudadanos en las urnas.