Ante el escalamiento de los ataques con dispositivos aéreos no tripulados por parte de estructuras armadas ilegales, los altos mandos militares y de policía han rediseñado sus protocolos tácticos para enfrentar la denominada “guerra de los drones” que permea los departamentos del país.
Durante recientes encuentros estratégicos difundidos por medios regionales, las autoridades castrenses advirtieron que la financiación ilícita proveniente del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión está dotando a los grupos al margen de la ley de capacidades tecnológicas avanzadas. Frente a este panorama, la Fuerza Pública ha priorizado el despliegue de unidades especializadas y tecnología de intercepción para neutralizar esta amenaza en las regiones.
“En departamentos como Valle del Cauca y Cauca la guerra de los drones está muy avanzada y comienza a expandirse a otras zonas. Cuando una estructura tiene tantos recursos ilegales, adquiere la facilidad de comprar tecnología; por eso nuestra respuesta táctica debe evolucionar al mismo nivel” — Mandos Militares y de Policía.
Puntos Clave de la Nueva Estrategia Antidrones
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Financiación criminal en la mira: Las operaciones de inteligencia militar se enfocarán en golpear las economías ilícitas (narcotráfico y extorsión) que sirven como caja menor para la adquisición de equipos aéreos comerciales y tácticos por parte de grupos armados.
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Fortalecimiento territorial: Se contempla completar las unidades operativas y pelotones estratégicos en zonas vulnerables del país para mitigar el impacto de los hostigamientos con explosivos adaptados.
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Tecnología de defensa: El alto gobierno y las Fuerzas Militares impulsan planes de choque regionales que incluyen la dotación de sistemas antidrones y radares tácticos para proteger a la población civil y a la infraestructura crítica.
Retos institucionales y seguridad carcelaria
Los comandantes también enfatizaron que la lucha contra estas nuevas modalidades delictivas requiere una ofensiva integral que incluya el control férreo de las cárceles del país, calificadas actualmente como centros de coordinación criminal. Con la llegada de nuevos liderazgos en la cúpula militar y policial regional, el compromiso es transformar la capacidad de reacción del Estado frente a la modernización de las tácticas subversivas en el territorio nacional.