El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha dado un giro radical en su primera etapa al timón del país, implementando una nueva doctrina de seguridad nacional que entierra definitivamente la política de la “paz total”. Con un endurecimiento drástico frente a las estructuras criminales, el Ejecutivo ha puesto en marcha una serie de medidas de choque enfocadas en la cooperación internacional, la extradición exprés de cabecillas y la reactivación de herramientas de erradicación de cultivos ilícitos.
La directriz del mandatario ha sido enfática en señalar que los espacios de diálogo y los beneficios jurídicos ya no funcionarán como salvavidas para los actores armados ilegales.
“La paz no será en nuestro gobierno una patente de corcho para delinquir. No habrá escondite, privilegio, mesa de diálogo ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley” — Declaración oficial del Gobierno Nacional.
Ejes Clave de la Nueva Estrategia
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Extradiciones masivas: En una de sus primeras grandes jugadas de presión contra el narcotráfico transnacional, la administración autorizó y ejecutó la entrega a tribunales internacionales (principalmente en Estados Unidos) de cabecillas de estructuras criminales, cerrándole la puerta a la suspensión de extradiciones por diálogos de paz.
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Regreso del glifosato: El Gobierno derogó formalmente la resolución vigente desde 2015 que prohibía la fumigación aérea de narcocultivos, abriendo la puerta técnica y administrativa para retomar la aspersión bajo los condicionamientos dictados por la Corte Constitucional.
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Alineación internacional y el “Escudo de las Américas”: Colombia se ha integrado formalmente en la coalición antidrogas liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrechando lazos estratégicos con el Comando Sur para golpear las finanzas y rutas de los carteles en la región.
Un nuevo panorama geopolítico y de defensa
Las recientes visitas de altos mandos militares estadounidenses, como el jefe del Comando Sur, reflejan la total sintonía de la Casa de Nariño con los requerimientos de Washington en materia de seguridad regional. Mientras sectores políticos analizan con cautela el impacto ambiental y social del retorno del herbicida y la línea de confrontación directa, el Ejecutivo defiende su política bajo la premisa de que la ofensiva total contra el narcotráfico es el único camino para restaurar el orden público en el territorio nacional.