UN INFORME RESERVADO DE 26 PÁGINAS EXPONE SEÑALAMIENTOS SOBRE EL USO DE LAS CAPACIDADES DE INTELIGENCIA DEL ESTADO DURANTE EL GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO. LA CONTRALORÍA YA PUSO BAJO LA LUPA CONTRATOS POR MÁS DE 20.783 MILLONES DE PESOS.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) está en el centro de una controversia política y judicial tras la publicación de documentos reservados que advierten sobre presuntas operaciones de espionaje a expresidentes, posibles maniobras para interferir en las elecciones presidenciales y millonarias contrataciones cuestionadas.
La investigación, revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, se basa en un informe de empalme de 26 páginas elaborado en julio de 2026 y dirigido a la nueva administración de la entidad. El documento reúne fotografías, reportes internos y señalamientos de funcionarios sobre el funcionamiento de la agencia durante el gobierno de Gustavo Petro.
¿PRESUNTO ESPIONAJE A EXPRESIDENTES?
Uno de los puntos más delicados del informe señala que la DNI habría planeado instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.
El documento advierte que el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026 otorgó a la entidad participación en la asignación de esos automotores. Según el reporte, esa función habría abierto la posibilidad de ejercer labores de seguimiento sobre los exmandatarios.
Sin embargo, el propio informe reconoce que no está demostrada la intención detrás de esa decisión. Juan Carlos Restrepo, exconsejero de Seguridad Nacional y exinspector de la DNI, advirtió que una eventual intervención de los vehículos estaría por fuera de las competencias legales de la agencia.
El expresidente Álvaro Uribe calificó la investigación como “muy seria”. El exmandatario aseguró que no había recibido alertas sobre esa situación.
UNA CASA CLANDESTINA Y ALERTAS SOBRE TECNOLOGÍA RUSA
Los documentos también mencionan una vivienda ubicada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según el informe, habría funcionado como una sede operativa clandestina de inteligencia, sin registro oficial en los archivos de la DNI.
El reporte sostiene que la casa fue desocupada después de las elecciones presidenciales y que los registros sobre su existencia habrían desaparecido de los archivos de la entidad.
A esto se suma una alerta sobre computadores y teléfonos que habrían sido entregados a funcionarios de inteligencia después de un viaje de capacitación a Moscú. El informe plantea la posibilidad de que esos dispositivos contuvieran programas maliciosos para acceder a los sistemas de la agencia y espiar a la siguiente administración. Por esa razón, recomendó una revisión forense de los equipos.
CONTRATOS MILLONARIOS BAJO LA LUPA
La contratación de la DNI también quedó comprometida en los documentos. Uno de los casos más llamativos es la compra de un helicóptero no tripulado por 9.000 millones de pesos, destinado a labores de inteligencia y recolección de información.
El informe señala que el aparato presentó fallas en sistemas de comunicación, combustible, motor y caja de engranajes. Además, advierte sobre incumplimientos de las especificaciones técnicas y un proceso sancionatorio relacionado con el contrato.
El reporte también menciona la adquisición de tres sistemas antidrones por 8.340 millones de pesos, así como compras de computadores y equipos que, según los documentos, habrían presentado deficiencias o no pudieron utilizarse.
La controversia escaló este 9 de noviembre. La Contraloría General anunció una revisión prioritaria de cinco contratos de la DNI por un valor superior a los 20.783 millones de pesos. El organismo busca establecer si existieron fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias de calidad o posibles sobrecostos.
EL SEÑALAMIENTO MÁS GRAVE: UN POSIBLE ATAQUE A LA REGISTRADURÍA
El informe también menciona a Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024. Según los documentos internos, habría participado en actividades informáticas contra entidades estatales y, posteriormente, habría sido vinculado a un presunto plan para alterar resultados de votación y atacar los sistemas de la Registraduría.
El reporte sostiene que Oyola habría liderado una red para ejecutar esas acciones durante las elecciones presidenciales del 21 de junio. También señala que tenía una orden de captura emitida el 7 de mayo de 2026.
De acuerdo con Noticias Caracol, el funcionario fue capturado el 6 de noviembre por una investigación relacionada con el presunto acceso ilegal a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
Estos señalamientos no constituyen por sí mismos una prueba de que se haya alterado el resultado electoral. Las autoridades deberán establecer si existió un plan, quiénes participaron y si hubo acciones efectivas contra la infraestructura electoral.
EL ESCÁNDALO ESCALA AL DEBATE POLÍTICO
Las revelaciones provocaron reacciones desde el nuevo Gobierno y sectores de la oposición. La administración de Abelardo de la Espriella pidió que los organismos de control investiguen las presuntas irregularidades. Desde el Pacto Histórico, en cambio, hubo cuestionamientos a la forma en que se están presentando las denuncias y se habló de un ataque contra el resultado electoral.
Por ahora, los documentos conocidos públicamente contienen alertas y señalamientos que requieren verificación. No existe una conclusión judicial que permita atribuir responsabilidades penales por todos los hechos descritos.
La Fiscalía y los organismos de control tendrán que establecer si la DNI fue utilizada para fines ajenos a la seguridad nacional, si hubo operaciones ilegales contra dirigentes políticos y si los recursos públicos se administraron conforme a la ley.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un asunto de fondo: los organismos de inteligencia manejan información reservada y herramientas de enorme alcance, pero sus actuaciones deben estar sometidas a controles legales y democráticos. La seguridad del Estado no puede convertirse en una autorización para vigilar adversarios, intervenir elecciones o disponer sin transparencia de los recursos públicos.