Haití enfrenta una de las crisis de seguridad más graves del continente. Las pandillas armadas han extendido su influencia desde Puerto Príncipe hacia departamentos como Artibonite y el Centro, donde disputan corredores estratégicos, extorsionan a la población y desafían la autoridad del Estado. La violencia ya no se limita a los barrios de la capital: amenaza las carreteras, las comunidades rurales y las principales rutas de abastecimiento.
Entre las organizaciones más conocidas aparecen 400 Mawozo, Gran Grif y otros grupos que han establecido alianzas cambiantes. También ha tenido protagonismo Viv Ansanm, una coalición de bandas que llegó a reunir organizaciones anteriormente enfrentadas. Sin embargo, esa alianza se ha fragmentado y sus divisiones han provocado nuevos enfrentamientos. Un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, publicado en septiembre de 2026, documentó la expansión de los ataques hacia el bajo Artibonite, la consolidación de grupos armados en el departamento del Centro y su avance hacia el sureste del país.
Extorsión, secuestros y control territorial
Las pandillas utilizan los secuestros, las amenazas, la extorsión y el tráfico ilegal de armas para financiar sus operaciones. También controlan tramos de carreteras y zonas de actividad económica, lo que les permite imponer cobros, restringir la movilidad y someter a comunidades enteras. Naciones Unidas ha documentado, además, asesinatos, violencia sexual y reclutamiento y explotación de menores.
Uno de los focos de mayor preocupación es Artibonite, al norte de Puerto Príncipe. Allí opera Gran Grif, una organización armada señalada por ataques contra comunidades y población civil. Localidades como Pont-Sondé y Petite-Rivière de l’Artibonite han sufrido episodios de violencia que evidencian la capacidad de estas bandas para atacar zonas rurales y extender el terror más allá de la capital.
400 Mawozo habla de diálogo mientras continúan los operativos
La crisis tuvo un nuevo capítulo en noviembre de 2026. La pandilla 400 Mawozo comunicó a la agencia Associated Press que había contactado a la comisión estatal encargada del desarme y la reintegración de grupos armados. Su líder, Wilson Joseph, conocido como Lanmò Sanjou, también solicitó la mediación de Naciones Unidas para abrir un proceso de diálogo.
La organización afirmó que estaba dispuesta a participar en negociaciones, aunque no presentó un compromiso verificable de entrega de armas. La comisión haitiana confirmó que recibió un acercamiento en nombre del grupo y recordó que cualquier conversación debe ajustarse a la hoja de ruta establecida por el Gobierno. Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado a 400 Mawozo por secuestros, asesinatos y violencia sexual, acusaciones que la pandilla rechaza.
El Salvador refuerza la respuesta internacional
Mientras las autoridades haitianas intensifican las operaciones contra las bandas, El Salvador desplegó alrededor de 2.000 militares en territorio haitiano. El envío se produjo después de que cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieran tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en una zona bajo influencia de grupos armados.
La ofensiva también registró un golpe contra el liderazgo criminal. El 6 de noviembre, las autoridades haitianas confirmaron la muerte de Mathias Saintil, señalado como jefe de la pandilla Boston. Según información citada por Reuters, el hombre sufrió heridas graves durante un ataque con drones en el sector de Boston, en las afueras de Puerto Príncipe.
Una crisis que exige recuperar el control del Estado
El desafío de Haití va más allá de capturar a los cabecillas. Las autoridades necesitan recuperar las carreteras, proteger a la población, restablecer los servicios básicos y evitar que las pandillas vuelvan a ocupar los territorios intervenidos. Naciones Unidas advierte que los avances de seguridad siguen siendo frágiles y que la violencia continúa afectando a miles de personas.
La crisis haitiana se ha convertido en un problema regional. El tráfico de armas, las redes criminales transnacionales y la debilidad institucional mantienen al país bajo presión. Mientras las pandillas conservan capacidad para desafiar al Estado, millones de haitianos siguen expuestos a la violencia, el desplazamiento y la falta de seguridad.