Regularización en España avanza contra todo pronóstico
Pese a la negativa de gobiernos como Estados Unidos y su influencia en países de Europa como Italia, para frenar la inmigración ilegal, el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, da un contundente paso que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas extranjeras en situación irregular. Para tal fin, el Gobierno Español inició la tramitación urgente de un real decreto que permitirá llevar a cabo una regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya residen en el territorio español, con la cual podrán acceder a residencia y trabajo legal.
Estas solicitudes podrán presentarse desde aproximadamente el 10 de abril de 2026, tras la publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), hasta el 30 de junio del presente año.
Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya se han registrado más de 130.000 solicitudes presenciales y telemáticas, durante la primera semana de su entrada en vigor.
Cabe resaltar, que las personas que aspiren a la regularización extraordinaria deberán cumplir los siguientes requisitos para acceder a la misma: acreditar al menos 5 meses de residencia continuada en España, antes del 31 de diciembre de 2025y carecer de antecedentes penales en el país de origen y en España.
En el caso de los solicitantes de protección internacional, podrán solicitar la regularización, quienes hayan presentado su solicitud antes del 1 de enero de 2026 y su expediente aún no se haya resuelto.
De igual forma, el gobierno español ha facilitado la gestión del proceso para evitar la congestión en las oficinas de extranjería tradicionales, donde cerca de 1.800 funcionarios quedarían fuera del proceso, en su lugar entidades como Correos, Seguridad Social y algunas ONG, servirán de apoyo para recopilar dicha información y agilizar su tramitación, ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Dentro de los beneficios para las personas que podrán acceder a la regularización estarían, obtener la residencia legal por un año, con la posibilidad de integrarse posteriormente en las figuras previstas en la Ley de Extranjería; además, podrán trabajar de manera legal mientras se tramita la solicitud y en cuanto a la protección familiar, los hijos menores de los solicitantes podrán regularizarse simultáneamente con permisos de hasta 5 años.
Medidas que surgen de generar un impacto social importante en reducir la irregularidad prolongada, facilitar la integración social y laboral y reconocer la realidad de miles de personas que hacen parte de la sociedad española, según informes de medios nacionales.
Si bien, la regularización extraordinaria de 2026 representa una oportunidad histórica para miles de personas, no es la primera que España ha aprobado, estas iniciativas se han realizado desde los años ochenta con gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP).
El primer gran proceso, ocurrió en el año de 1986, durante el Gobierno de Felipe Gonzáles, luego se dieron nuevas regularizaciones en los años noventa con los partidos socialistas. El Partido Popular, con la gestión de José María Aznar en la Moncloa, también impulsó regularizaciones en el 2000 y 2001, beneficiando a más de medio millón de personas y la última importante que se ha realizado fue la del año 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la cual permitió regularizar a más de 576.000 personas, según RTVE.
Se espera que el proceso de la regularización extraordinaria cumpla su objetivo, no obstante, el camino pasa por varios baches, porque persisten algunas diferencias políticas representadas por la Comunidad de Madrid, el partido VOX y tres asociaciones: Hazte Oír, Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, las cuales han acudido al Tribunal Supremo para solicitar que se paralice el real decreto al considerarlo una "legalización e institucionalización de la invasión migratoria", además de su impacto en la prestación de servicios públicos en la Comunidad de Madrid y que “contraviene” normativa europea y afecta a la seguridad, afirmó
Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid.
En respuesta el Supremo (TS) ha rechazado suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por el Ejecutivo el 14 de abril, por considerar que no concurren circunstancias de especial urgencia, la cual seguirá adelante.
